PP, PRC y C's reviven el Plan General de Santander anulado por el Supremo

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, anulado el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo, tiene una oportunidad de seguir vigente después de que este lunes los diputados de PP, PRC y C's hayan aprobado en el Parlamento una proposición de ley para desarrollar unas normas urbanísticas transitorias a través de la modificación de la actual Ley del Suelo de Cantabria. 

Aunque esta modificación puede aplicarse a ayuntamientos que en un futuro puedan encontrarse en la misma situación, la iniciativa presentada por los populares va claramente enfocada a resolver el caos urbanístico en el que se encuentra la capital cántabra, cuyo planeamiento ha retrocedido al PGOU de 1997. 

Así lo han señalado durante el debate los representantes de PSOE -que en 2007 ya votó en contra el PGOU- y Podemos, quienes han tildado esta proposición de ley como un “parche” y una “ñapa legislativa”, si bien ambas formaciones han votado en contra por distintos motivos. 

La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha insistido en que se trata de una modificación “innecesaria” e “inoportuna”, ya que el Gobierno de Cantabria está ultimando una nueva Ley del Suelo que, según ha dicho, dará una solución con seguridad jurídica a la anulación del PGOU de Santander. Al respecto, la dirigente del PSOE ha sostenido que este tipo de maniobras suelan acabar anuladas en el Tribunal Constitutcional.

Por otro lado, Abascal ha puntado que la nueva Ley del Suelo llegará al Parlamento a “últimos del mes de junio”, un plazo que han puesto en duda Podemos, PP y Ciudadanos ante el retraso acumulado durante los últimos meses.

De hecho, Podemos ha opinado que la nueva ley del suelo es “como el cuento de Pedro y el lobo”, con el “que viene, que viene, pero que nunca acaba de llegar”.

Para José Ramón Blanco, el “rescate” al Plan General de Santander tiene que ver con que “hay mucha pasta en juego y compromisos que cumplir” con sus “amigüetes” los constructores. En este sentido, el diputado de Podemos ha sido muy duro con el PRC, al que ha criticado haberse convertido en “socio” de la política urbanística “especuladora” del PP.

Así, Blanco ha acusado a regionalistas y populares de “anteponer” los “intereses” de las “constructoras amigas” que, según ha dicho, “les pagan las campañas electorales”, a los del conjunto de los ciudadanos, unas acusaciones que el PP ha tildado de “demagogia” y el PRC de “bobadas”.

“Salvaguardar” las inversiones

En el lado contrario, el diputado del PP, José Manuel Igual, ha recordado que el Plan General de Santander fue anulado por una “insuficiente” evaluación ambiental del bitrasvase y, por ello, ha defendido que otros municipios cántabros pueden verse afectados.

Igualmente, ha subrayado que las normas transitorias servirán para dar “seguridad jurídica” y “salvaguardar” una serie de inversiones públicas y privadas previstas que son beneficiosas para la ciudad y que se han visto afectadas con la anulación del planeamiento.

También ha defendido la fórmula propuesta por su grupo aludiendo a cuestiones de urgencia, ya que, según ha defendido, el trámite para aprobar las normas urbanísticas transitorias es “más rápido” que tramitar un nuevo PGOU, lo cual puede llevar años.

Ciudadanos ha coincidido con los populares en el interés de proteger las inversiones previstas, aunque su portavoz, Juan Ramón Carrancio, ha asegurado que no está dispuesto a dar una “carta en blanco” y espera que no sirva para continuar adelante con las “barbaridades” que, a su juicio, planteaba el PGOU de Santander.  De hecho, ha señalado que su grupo sintió “alivio” y “alegría” con la anulación de este planeamiento.

Discrepancias entre los socios de Gobierno

El otro grupo que ha dicho sí ha sido el PRC, el otro grupo que sustenta el Ejecutivo junto al PSOE. Los regionalistas han afirmado que apoyan que se tramite la iniciativa del PP por un “ejercicio de responsabilidad” con los cántabros para evitar los “vacíos jurídicos” y los “problemas” que generan la anulación de los planes generales y la paralización de iniciativas que pueden ser beneficiosas para Santander.

A pesar de ello, el PRC ha mostrado algunas dudas sobre si la proposición de ley tendrá un resultado favorable, se ha mostrado dispuesto a colaborar, aunque ha anunciado que presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria.

No es la primera vez que la coalición de Gobierno vota por separado en el Parlamento. De hecho, hace tan solo siete días, regionalistas y socialistas ya difirieron en torno al nombramiento como jefe de la Policía Nacional de Cantabria de Héctor Moreno, quien en los años 80 fue condenado e inhabilitado por un caso de torturas y, posteriormente, indultado por el Gobierno de José María Aznar.