MARE afirma que en sus cuentas ya tiene fondos para pagar a Acciona

La empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía (MARE), dependiente del Gobierno de Cantabria, se ha convertido en uno de los caballos de batalla política más mediáticos. La sociedad dirigida por la socialista Rosa Inés García lleva prácticamente el primer año de la legislatura en el centro del debate como consecuencia de los múltiples asuntos que han puesto en riesgo sus cuentas.

La última de las polémicas viene desde el Tribunal Supremo, que ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que en el año 2013 condenó a MARE a abonar 913.943 euros a Acciona por el impago de tres facturas, además de los intereses, al finalizar el contrato de la explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales de Santander en 2008, fecha en la que fue adjudicado a otra empresa.

Este fin de semana, tras conocer esta decisión judicial, la dirección financiera de MARE ha afirmado que cuenta con una provisión de fondos por importe de 996.549 euros para hacer frente al litigio de Acciona, por lo que la sentencia del Supremo “no le ha pillado por sorpresa”.

Según ha informado la empresa pública en un comunicado de prensa, esta provisión viene realizándose desde el año 2011 en las cuentas anuales y está expresamente reflejada en la memoria del ejercicio 2015, en la cual consta textualmente que tiene “provisiones dotadas para hacer frente a responsabilidades derivadas de diversas reclamaciones interpuestas por terceros por importe de 1.024.000 euros”.

Según sus asesores legales, estos importes “equivalen a cantidades máximas a las que la entidad tendría que hacer frente en el supuesto de que todas las reclamaciones fueran estimadas”. La memoria precisa además que dichas provisiones se derivan básicamente de la demanda de la sociedad Acciona-Agua sobre liquidaciones pendientes por el contrato de explotación de la EDAR de San Román.

La empresa pública ha destacado por ello que esperaba la sentencia del Tribunal Supremo. “Se trata de un asunto que nos hemos encontrado y, en nuestro objetivo de poner todas las cuentas de la empresa en orden y con total transparencia, está provisionado en las cuentas de 2015”, han resaltado desde MARE. La sentencia del Tribunal Supremo pone fin al litigio, con el pago por la empresa pública de una indemnización por importe de 913.943 euros.

Asuntos pendientes

El pasado mes de abril, la empresa pública MARE reconoció también que se enfrenta a una reclamación de 7,5 millones por parte de la empresa TIR Cantabria (Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria S.L.), concesionaria de la planta de tratamiento y valorización de residuos de Meruelo hasta 2043, que el Gobierno de Cantabria “está intentado renegociar” ya que considera que “lo que pide es totalmente desorbitado”.

Así lo dio a conocer la vicepresidenta autonómica y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que, a su vez, es máxima responsable de MARE al ser la presidenta de su Consejo de Administración.

La secretaria general de los socialistas cántabros recordó que esta reclamación “sin resolver” es uno de los asuntos que pone en “riesgo importante” el objetivo del Gobierno de equilibrar las cuentas de esta empresa pública, que cerró 2015 con 2,7 millones de euros de pérdidas. El plan de ahorro en la empresa pública que se puso en marcha tras tomar las riendas logró rebajar en 1,8 millones las pérdidas previstas para 2015, que se pronosticaban de 4,6 millones.

Tras el acuerdo parlamentario para sacar adelante el convenio de basuras con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para que la provincia vasca pueda seguir depositando sus residuos en el vertedero de Meruelo, el Ejecutivo ha garantizado el ingreso a las arcas públicas de más de nueve millones de euros, lo que permitirá a MARE mejorar sus cuentas y asentar una plantilla que ha pasado por un ERE.

Todo ello mientras el Parlamento de Cantabria se dispone a celebrar sendas comisiones, con las comparecencias de la propia Díaz Tezanos y del exconsejero de Medio Ambiente y senador del PP, Javier Fernández, que deberán informar sobre el contenido de la auditoria de la empresa pública MARE, realizada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que revela “incidencias” en las contrataciones realizadas en 2013 y 2014.