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Mazas defiende la viabilidad de Ecomasa pese a fracaso económico de la empresa

La exconsejera de Economía asegura que había "informes contundentes" que respaldaban la operación en la que se perdieron más de 18 millones de euros

Los técnicos reconocieron en la comisión de investigación que el Gobierno del PP realizó la inversión pública basándose en "un powerpoint de 15 páginas"

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La exconsejera de Economía de Cantabria, Cristina Mazas (PP).

La exconsejera de Economía de Cantabria, Cristina Mazas (PP).

Cristina Mazas, consejera de Economía, Hacienda y Empleo y presidenta del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) cuando nació el proyecto Ecomasa durante la etapa de Gobierno del PP, ha asegurado que había  "informes contundentes" que avalaban que se le financiara con dinero público y ha opinado que la iniciativa empresarial "no salió bien por circunstancias propias y ajenas", algunas "imposibles de prever".

En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Ecomasa, Mazas ha defendido tanto los informes en los que se sirvió el Consejo Ejecutivo del ICAF -entidad dependiente del Gobierno autonómico- para dar su 'sí' a financiar el proyecto, como la "profesionalidad" de los trabajadores del Instituto y de quienes los elaboraron, así como los procedimientos que se siguieron para evaluarlo, que ha calificado de "adecuados".

La exconsejera de Economía, Hacienda y Empleo y actual diputada del PP ha subrayado que a la hora de evaluar un proyecto empresarial, incluso con "informes que estén bien" y procesos "suficientes", "la posibilidad de equivocarse siempre está ahí".

"El resultado de un proyecto es un sumatorio de muchas cosas", ha dicho Mazas, que ha señalado que en un informe de riesgos como el que se presentó en el ICAF "hay cosas que sí se puede prever a la hora de elaborar un informe de riesgo" pero hay "otras que no".

Ha recordado que el ICAF, por su carácter financiero, uno de sus objetivos era asegurarse que Ecomasa pudiera devolver el dinero público puesto en ella, esto es el repago de la deuda. En ese sentido, ha señalado que los informes avalaban que se podría pagar la deuda.

En su comparecencia, Mazas ha defendido la independencia del ICAF a la hora de tomar sus decisiones y ha señalado que, al margen de ella, que sí tenía un carácter político, en el Consejo Ejecutivo del ICAF que avaló financiar el proyecto, había personas que "compartieron" esa decisión y que no formaban parte del "entorno político".

Cuestionada por el peso político de la decisión que se tomó al otorgar financiación a Ecomasa, la exconsejera ha mantenido que el Gobierno sí orienta sobre las "prioridades políticas" a la hora de financiar proyectos pero ha subrayado que el ICAF tiene "plena autonomía para rechazar cualquier proyecto" aunque sea en contra del criterio del Gobierno.

"Una cosa es que tenga (el Gobierno) sus prioridades y otra que esas prioridades se pueden llevar a cabo", ha dicho Mazas, quien ha señalado que la competencia de que el proyecto se pudiera materializar era del Consejo Ejecutivo del ICAF.

Acerca de si las prisas para dar una solución a la situación de los trabajadores de Teka aceleraron la decisión de financiar el proyecto Ecomasa por parte del ICAF, Mazas ha asegurado que "no ha dado instrucciones a nadie para que haga corriendo los informes".

Los impagos

Por otra parte, varios de los portavoces de los grupos de la oposición han preguntado reiteradamente por  los motivos por los que siguió aportando dinero público a Ecomasa pese a que los "impagos" de la empresas eran "sistemáticos", "repetitivos" y "desde el minuto cero".

Sobre ese tema, Mazas ha señalado que la crisis económica hizo que las empresas, a su vez, entraran en crisis y tuvieran problemas para pagar a proveedores y bancos.

La consejera sí ha reconocido los problemas de la empresa para afrontar esos pagos pero ha explicado que, ante esa situación, se podían hacer dos cosas, o bien anular el proyecto y decir "ale, se acabó y todo el mundo a la calle" o "ver si había posibilidades de arreglarlo".

Así, ha reconocido que había en el Gobierno un "interés" de que la empresa "perviviera" por el centenar de puestos de trabajo en juego y, en su opinión, "lo lógico" era saber "si eso tenía solución".

Ha relatado que por ello, y al considerar que el proyecto necesitaba "más vigilancia" al apreciar que no se estaban cumpliendo las expectativas y "lo previsto", se recurrió a Sodercan que, según ha dicho, era la especialista dentro del Gobierno en esta materia.

Mazas ha señalado que fue Sodercan, que acabó entrando en el accionariado de la empresa, la que planteó la necesidad de elaborar un plan de viabilidad.

A preguntas de los grupos, la consejera ha opinado que dicho plan, aunque era "muy duro" porque suponía realizar "ajustes" en la plantilla, "pudo haber sido exitoso si se hubieran cumplido los hitos" que en él se marcaban, algo que no ocurrió.

"Yo hubiese procurado que se hubiera cumplido el plan de viabilidad", ha afirmado cuando ha sido cuestionada acerca de si, de haber repetido como consejera de Economía tras las elecciones autonómicas de 2015 (hubo un cambio de Gobierno), habría puesto más dinero público en Ecomasa.

La comparecencia de Mazas ha sido la penúltima de esta comisión parlamentaria para conocer el destino de los 18 millones de dinero público invertidos en este proyecto empresarial fallido (la empresa fue liquidada) y los 3,2 millones más puestos por las indemnizaciones de los trabajadores despedidos de Teka contratados por Ecomasa.

El último será Ignacio Diego, que era presidente de Cantabria cuando nació el proyecto y que está prevista para el próximo martes, 14 de noviembre.

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