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Nieto de Amparo Pérez pide que realojos sean en zonas próximas a viviendas originales y no supongan costes a afectados

Vecinos de Prado San Roque defienden la rehabilitación de las casas existentes en el barrio frente a nuevas viviendas

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Marco Antonio Santamaría, nieto de Amparo Pérez, la mujer, ya fallecida que luchó contra el Ayuntamiento de Santander por evitar su expropiación a raíz de la construcción de un vial de la S-20, pide que los realojos por actuaciones urbanísticas se lleven a cabo en entornos próximos a la vivienda original y no supongan una merma en las condiciones de habitabilidad ni costes económicos para los afectados.

Así lo ha pedido este martes durante su comparencia ante la Ponencia de la Comisión que está estudiando la reforma de las leyes regionales de Suelo y de Vivienda Protegida para regular el derecho al realojo de afectados por actuaciones urbanísticas que propone el PP.

En ella, se ha opuesto a que "se pretenda cobrar" a los afectados las posibles mejoras condiciones de vida que, en algunos casos, pueda suponer el realojo respecto a la vivienda original. "Por objetiva que pareca (la mejora) el realojado nunca la ha solicitado", ha apuntado Santamaría.

Además de al derecho de realojo, el nieto de Amparo Pérez, que este martes cumpliría 88 años, también se ha referido al derecho de retorno y ha opinado que en la Ley se debería buscar un "compromiso" para que este retorno sea posible "en la mayor parte de los casos", esté programado desde el principio de la actuación urbanística y tenga plazos concretos.

Y al igual que ha defendido con el realojo, ha reclamado que tampoco debe suponer una merma de las condiciones de habitabilidad de los afectados y tampoco desembolsos económicos.

En su comparecencia, también ha abogado por que se determine qué obras públicas y proyectos son tan pertinentes como para merecer el desalojo de vecinos de sus casas y ha pedido que antes de llevarlos a cabo se estudie "todas las alternativas" y se "dé voz" no sólo a los técnicos sino también a los ciudadanos afectados.

Y en alquellos casos en los que se trate de actuaciones de rediseño urbanístico de zonas y barrios, Santamaría ha reclamado que lo que se tenga en cuenta sean las necesidades de sus vecinos y sus moradores originales.

"No vayamos a caer en la tentación de desplazar a familias y desarraigar hogares completos en el deseo de contar con una realidad más estética a los de fuera o en la voluntad de que los mandatarios, locales o regionales, pasen a la posteridad más por el dibujo de una estampa agradable a los ojos y lesiva para sus vecinos que por facilitar la vida de los mismos", ha aseverado Santamaría.

Por ello, ha pedido que se de voz a los afectados por estos proyectos para que sean ellos que decidadn qué quieren para sus barrios y que servicios desean y como afontar ese proceso de transformación. Huyamos de la soberbia de las obras faraonicas y articuleses un sistema de protección a los ciudadanos para que conformes los especios en que desarrollan su vida. Nadie como ellos para hacerlo.

Además, ha reclamado que en caso de que intervengan empresas privadas en los procesos de transfo en espacios previamentes ocupados, los trepres ciudadanos, se redoblen la vigilancia para q ni uno solo de los ciudadanos vean empobrecida su calidad de vida fisica pero tambien moral.

Así, ha defendido la necesidad de que los ciudadanos tengan en sus ayuntamientos y gobiernos regionales a los "aliados necesarios para la defensa de los intereses en lugar tener que defenderse de sus actuaciones" y de que, en aquellos casos en que haya que llevar a cabo realojos, defiendan los intereses de los afectados y no se escuden en la "ceguera de la ley" ni sean "interlocutores sordomudos que amparan su inactividad" en la fuerza de la norma.

"No se encontrarían nuestros políticos con estas plataformas y estas plataformitis que tanto molestan al regidor de Santander si su Ayuntamiento fuera, como le está legalmente encomendado, quien velara por las necesidades e inquietudes de sus ciudadanos", ha dicho Santamaría.

El nieto de Amparo Pérez, que ha criticado que su comparecencia y la del resto de vecinos y técnicos haya sido a puerta cerrada, ha deseado así que haya participación ciudadana a la hora de legislar.

DOS VECINAS DEFIENDEN REHABILITACIÓN FRENTE A NUEVAS VIVIENDAS

Este martes, ante la Ponencia de la Comisión, también ha comparecido dos vecinos de Prado San Roque que han defendido la opción de la rehabilitación de inmuebles en los barrios frente a la construcción de nuevas edificaciones.

Uno de ellos ha sido Miguel Ángel Hoyos, que ha leído una carta de su pareja, María Jesús Figuero, propietaria de una vivienda en este barrio afectada por la expropiación y derribo de la misma, y que se ha mostrado partidaria de la revisión del PGOU para posibilitar la reforma de estos inmuebles, en vez de apostar por nuevas construcciones.

La mujer, divorciada, con hijos y sin trabajo estable, se vio obligada a irse a vivir a casa de sus padres y alquilar la suya cuando su exmarido se quedó en paro y dejó de pasarle la correspondiente pensión.

Esta vecina censura en la misiva las "mentiras" del Ayuntamiento y la Sociedad de Vivienda y Suelo ante la actuación proyectada en la zona, también critica que no tenga derecho al realojo por tener su piso alquilado y no vivir en él. "¿Por qué me quitan el único recurso que tengo?", se ha preguntado, al tiempo que reflexiona que esta propiedad pasará a serlo algún día de sus hijos.

Esta mujer se ha referido además a la situación de otros vecinos, como aquellos que están pagando hipoteca o personas mayores que, de derribarse sus casas y no tener garantizado el derecho al realojo, deberán "buscarse la vida".

Y también ha recordado las "molestias" ocasionadas en sus viviendas por las obras del funicular del Río de la Pila, como humedades en las fachadas, asunto que está "igual que el primer día" ya que "no se ha solucionado el problema", tan solo se ha "parcheado", pues siguen apareciendo humedades en su casa y en la de una vecina, ha asegurado.

Con todo ello, y a su juicio, con la actuación prevista en la zona se pretende hacer una "limpieza social", para "expulsar" a "capas sociales poco pudientes" de este área de la ciudad al extrarradio, a cambio de indemnizaciones "de miseria".

Así las cosas, Figuero ha lamentado que se priorice la construcción de viviendas frente a la reparación de las ya existentes, fomentándose así -ha dicho- la "especulación", cuando en otros países europeos se apuesta por la reforma y rehabilitación de inmuebles.

"En cada barrio con expropiaciones tienen ustedes un cementerio de neumáticos en potencia", ha alertado esta vecina, en alusión a las protestas de los afectados.

La otra vecina de Prado San Roque, Ana Isabel Hoyos, también ha denunciado las "contradicciones y mentiras" del Ayuntamiento, y ha lamentado que se eche a la gente "de sus casas y negocios".

En su lugar, y en vez de propiciar la construcción de nuevas viviendas, se ha mostrado igualmente a favor de la rehabilitación, como ocurre en la "mayoría" de los estados europeos, ha remarcado.

Al igual que Figuero, Hoyos también ha lamentado el "desarraigo" de la gente del barrio, especialmente de las personas mayores a las que se echa de sus viviendas -ha dicho- para levantar en el mismo lugar pisos de "ocho alturas con vistas a la Bahía", en una ciudad que cuenta, además, con "diez mil viviendas vacías".

Esta vecina se ha mostrado partidaria de una modificación de la Ley del Suelo que contemple el derecho al realojo de vecinos expropiados de sus casas, ya que considera que no debe ser "egoísta" y pensar solo en los habitantes de Prado San Roque o El Pilón, pues este problema puede afectar a más personas de Santander y Cantabria.

"Nos queremos quedar en nuestras casas", ha reivindicado, para pedir, a modo de conclusión, que se regenere esta zona de la ciudad "sin perjudicar" a los propietarios de viviendas y negocios.

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