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PP advierte que el contrato de residuos con Guipúzcoa es "ilegal" y Podemos lo ve "un engaño"

C's dice que es viable técnica y medioambientalmente, y rentable desde el punto de vista económico

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PP advierte que el contrato de residuos con Guipúzcoa es "ilegal" y Podemos lo ve "un engaño"

El PP ha advertido este lunes en el Pleno del Parlamento que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa para el vertido de residuos en el vertedero de Meruelo "es ilegal", y ha asegurado que encima "el precio es de ganga". En la misma línea, Podemos cree que el Gobierno "nos ha querido engañar otra vez más", y le ha acusado de "bordear la legalidad", con informes "de parte".

Tanto el PP como Podemos han cuestionado algunos informes que acompañan al expediente, y han denunciado que los residuos procedentes de Guipúzcoa llegarán a Meruelo compactados pero "sin ningún tipo de tratamiento". Tanto la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, como los grupos que apoyan al Gobierno -PRC y PSOE- han considerado "grave y peligroso" que se cuestionen los informes técnicos y jurídicos.

Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha subrayado que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa es una operación "técnicamente viable", avalada por los informes técnicos y jurídicos; que desde el punto de vista ambiental "no supone ningún perjuicio" para Cantabria; y que aporta rentabilidad económica, lo que permitirá sanear la empresa pública MARE, ampliar el vertedero y realizar obras de saneamiento, "todo con un estricto control parlamentario".

C's ha pedido como condición que no se use el dinero procedente de esta operación para "hinchar" MARE, como en su opinión hizo el PP en la anterior legislatura. En este sentido, Ciudadanos ha planteado como exigencias concretas para apoyar el convenio liquidar las pérdidas de la empresa pública; consolidar y no aumentar los puestos de trabajo; y destinar los ingresos restantes a la ampliación del vertedero y el plan de infraestructuras de saneamiento.

Asimismo, pide que el Gobierno regional informe con una periodicidad de seis meses en el Parlamento de los distintos aspectos del convenio y el destino de los ingresos. El portavoz de C's, Rubén Gómez, ha subrayado que la vida útil del vertedero de Meruelo se ha ido alargando, y ha recalcado que incluso con los residuos de Guipúzcoa, el volumen anual de vertidos será "todavía bastante menor que el de 2006".

Sin embargo, la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, ha dicho que con este contrato se pasa de "un mínimo de 200.000 toneladas en cuatro años que se planteó inicialmente a casi 200.000 en casi dos años", lo que va a hacer que la basura que llega al vertedero de Meruelo sea "la misma que hace ocho años".

Ordóñez ha denunciado que el acuerdo con Guipúzcoa "va a empeorar nuestras tasas de vertido al vertedero", porque una parte de los residuos procedentes de la provincia vecina es "susceptible de ser valorizada" pero no lo va a ser porque la planta de Meruelo no tiene capacidad para ello. Según ha señalado, así lo constata el informe técnico de la jefa del servicio de prevención de la contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente.

La diputada de Podemos ha criticado que el servicio jurídico de la Consejería no tenga en cuenta en su dictamen ese informe técnico, y ha acusado al Gobierno de hacer un "uso torticero" del lenguaje y de las normas, porque "compactar no es tratar".

"Por qué nos empeñamos en saltarnos nuestro propio protocolo de tratamiento de residuos", ha preguntado, a la vez que se ha mostrado convencida de que en diciembre de 2017, "volveremos a tratar aquí el tema de las basuras de Guipúzcoa".

Por otro lado, la diputada de Podemos ha destacado que MARE tiene que velar por el medio ambiente de Cantabria y no se puede regir "únicamente por criterios economicistas" como a su entender está haciendo con el contrato con el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK). Además, ha acusado al Gobierno de usar este acuerdo para "generar inquietud y chantajear con un supuesto expediente de regulación de empleo".

Asimismo, tanto Podemos como el PP han denunciado la existencia de dos cláusulas que convierten el contrato en algo "oculto, oscuro y secreto".

INFORMES "ABSOLUTAMENTE DISCUTIBLES"

En la misma línea que la diputada podemita, el presidente del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha señalado que los informes jurídicos y técnicos que acompañan al contrato son "absolutamente discutibles" y ha defendido que la interpretación de las leyes da lugar a distintas visiones de un mismo asunto.

El líder del PP ha rechazado que Meruelo sea "la única alternativa viable" para los residuos de Guipúzcoa, y ha destacado que Cantabria "no ha invertido millones de euros en la construcción de una planta de valorización para ahora cargarnos ese proceso y tirar basura de fuera a esgalla sin ningún tipo de tratamiento previo".

"Están montando un desastre en el vertedero, volverá otra vez a oler fatal en Meruelo", ha advertido, para añadir que "el cuento que nos están contando no tiene parangón", y que el Gobierno "hace la cuenta de la vieja", porque no tiene en cuenta el coste del tratamiento de la basura.

Diego ha señalado que los informes del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHC) y de MARE "intentan justificar la imposibilidad" de tratamiento de los residuos objeto del contrato en Meruelo "por falta de capacidad" de la planta de revalorización, pero ha defendido que "se puede atender parcialmente" metiendo un tercer turno, porque ya a dos turnos se podrían valorizar 50.000 toneladas.

El líder del PP y expresidente de Cantabria ha acusado al Gobierno de "mercadear" con las basuras y el medio ambiente, y ha afirmado que la cláusula de reciprocidad del contrato es "una declaración explícita" de que dentro de un año y medio "estaremos en las mismas" y el tema de las basuras de la provincia vecina volverán al Parlamento porque "Guipúzcoa no va a tener ningún recurso para salir de la situación en la que está".

"LA INSOLIDARIDAD ES DE GUIPÚZCOA"

Al respecto, ha señalado que "las basuras de Guipúzcoa no tienen donde caerse muertas desde hace ocho años", y ha rechazado el argumento de la solidaridad interterritorial esgrimido por el Gobierno y los grupos que lo sustentan.

"En todo caso, la insolidaridad es de Guipúzcoa para el resto de territorios a los que les echa la basura", la insolidaridad está del otro lado", ha dicho Diego tras señalar que Guipúzcoa ha estado vertiendo sus residuos durante cinco años en Vizcaya y el PSOE de aquella provincia prometió en diciembre de 2014 cerrar todos los vertederos abiertos y que no se haga ninguno nuevo.

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