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PP pide “responsabilidad” a PSOE y PRC porque la doctrina judicial sobre plusvalía “no es unánime”
Según ha señalado en un comunicado la edil, además de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo, se han dictado ya dos fallos en los juzgados santanderinos, pero “no hay un criterio común de los jueces, por lo que sigue sin tenerse un escenario claro del alcance y consecuencias de la resolución del Constitucional”.
González Pescador se ha referido en concreto a dos sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 1 y número 3 de Santander.
Así, mientras el primero de ellos entiende que los artículos que regulan el impuesto de la plusvalía no serían de aplicación en ningún caso tras la sentencia del Constitucional, el segundo considera que dichos artículos siguen siendo aplicables, salvo en los casos en los que se acredite que no haya habido incremento de valor.
Por tanto, mientras no haya una posición unánime y sigan existiendo pronunciamientos que avalen la postura de la administración santanderina, se seguirá actuando como hasta ahora, en línea con la interpretación del Tribunal Constitucional, ha explicado la edil.
En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento ha optado “por la prudencia y la cautela”, suspendiendo ya las liquidaciones en aquellos casos en los que no se haya producido incremento de valor en los bienes transmitidos, a la espera de la nueva regulación del impuesto en la que trabaja ya el Gobierno central tras escuchar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
González Pescador ha vuelto a reclamar a socialistas y regionalistas “menos demagogia y más altura de miras” ante un asunto que afecta por igual a todos los ayuntamientos, que requiere también de una solución común y cuyo impacto económico no se conocerá hasta que se establezca la nueva regulación del impuesto.
También ha rechazado “alarmismos” sobre los ingresos y ha subrayado que el equipo de gobierno (PP) “actúa siempre con transparencia y rigor”, mientras otros “anteponen la búsqueda de réditos políticos a la responsabilidad y la prudencia, y allí donde gobiernan actúan de forma opaca, inventando ingresos por importe de 80 millones de euros en el presupuesto regional, lo que obliga a aumentar la deuda y aplicar recortes”.
