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El Parlamento autoriza el contrato de residuos con Guipúzcoa tras asumir las condiciones de C's

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado su apoyo este lunes a la firma del contrato entre la empresa pública MARE y la Diputación de Guipúzcoa para el vertido de residuos en el vertedero de Meruelo, tras aprobar las propuestas de resolución propuestas por Ciudadanos, por los grupos que sustentan al Gobierno -PRC y PSOE-, y una de Podemos -la única aprobada por unanimidad- que insta al Gobierno a no prorrogar el contrato más de allá de diciembre de 2017.

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El Parlamento autoriza el contrato de residuos con Guipúzcoa tras asumir las condiciones de C's

El voto de C's ha sido fundamental para aprobar el acuerdo, que permitirá al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa verter en Meruelo 128.000 toneladas anuales en un año y medio, dado que PRC y PSOE no tienen mayoría absoluta en la Cámara.

El partido naranja, cuya propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, ha condicionado su apoyo a que los ingresos derivados del contrato -nueve millones de euros hasta diciembre de 2017-, se destinen a liquidar las pérdidas de la empresa pública MARE, con el compromiso de consolidar y no aumentar los puestos de trabajo de la empresa pública; así como a ampliar el vertedero y a obras de saneamiento; y que el Gobierno informe en el Parlamento cada seis meses de los distintos aspectos del convenio y el destino de los ingresos.

Por su parte, PRC y PSOE han propuesto aclarar la cláusula de reciprocidad del contrato, de forma que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa se comprometa a garantizar que si en condiciones análogas, MARE tuviera necesidad de trasladar residuos fuera de Cantabria para su tratamiento, gestión o eliminación, podrá hacerlo en las mismas condiciones a las acordadas en este contrato, siempre que ello sea admisible de conformidad con la normativa vigente en materia de residuos.

Esta propuesta ha recibido el apoyo de C's y el voto en contra de PP y Podemos. Por su parte, la propuesta de rechazo del contrato defendida por el PP únicamente ha sido apoyada por Podemos. Los 'populares' creen que su admisión es "contraria a los intereses ambientales y de salud pública" de Cantabria, además de las "razonables dudas legales" que suscita, a su entender, el expediente.

Podemos, que ha presentado cinco propuestas de resolución, es el único grupo que ha conseguido sacar adelante un pronunciamiento unánime de la Cámara, el que insta al Gobierno a no prorrogar el contrato más allá de diciembre de 2017.

Únicamente el PP ha apoyado sus propuestas de desistir de firma del contrato y de intar al Gobierno de Cantabria "a que sea más riguroso en la elaboración de expedientes e informes, asegurándose de que obran en ellos todos los documentos y datos que acrediten los requisitos legales necesarios que le habiliten a la toma de cualquier acuerdo".

Podemos también ha pedido la reprobación de la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente "por la falta de rigor en los informes realizados y presentados a este Parlamento, por recabar solo la información que le interesa y no toda la necesaria que avale la legalidad de la operación", así como la destitución del director general de Medio Ambiente y de la gerente de Mare. Todos los grupos han votado en contra de ambas propuestas salvo Ciudadanos que se ha abstenido.

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