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Piden dos años y medio al acusado de cobrar 288.300 euros durante 15 años de la pensión de su padre ya fallecido

El juicio se celebra este lunes 30 en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria a las 9.30 horas

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El fiscal ha solicitado una pena de dos años y medio de cárcel a un hombre por un supuesto delito de apropiación indebida, ya que está acusado de cobrar indebidamente de la Seguridad Social un total de 288.298 euros durante quince años, de la pensión de su padre ya fallecido.

El juicio contra G.T.M. se celebrará este lunes, 30 de mayo, a partir de las 9.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.

Según el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press, el padre del acusado tenía reconocida por la Seguridad Social una pensión de incapacidad permanente absoluta, que en el año 1998 ascendía a 182.695 pesetas. La cuantía se iba incrementando anualmente conforme a la revalorización de las pensiones públicas, alcanzando en 2013 la cifra de 1.588 euros.

Las mensualidades se ingresaban en una cuenta corriente de una entidad bancaria de Santander en la que figuraba como única persona autorizada el acusado.

En febrero de 1998 falleció el padre del enjuiciado, que según la Fiscalía, ocultó este hecho a la Seguridad Social y al banco, y siguió cobrando la pensión durante quince años, hasta el 2013. En total, el dinero cobrado indebidamente durante este periodo se eleva a 288.298 euros.

El banco ha devuelto a la Seguridad Social 86.400 euros, correspondientes a las pensiones de los últimos cuatro años, pero ha sido imposible reintegrarlo todo porque lo impide la normativa aplicable. Por tanto, la cuantía de las pensiones indebidamente cobradas y no restituidas asciende a 201.906 euros.

Desde la muerte de su padre y hasta 2013, el acusado realizó múltiples operaciones de reintegro en efectivo con cargo a la cuenta en la que se ingresaba indebidamente la pensión referida, así como las transferencias, traspasos de fondos, domiciliación de recibos, en concreto los correspondientes a dos líneas telefónicas de las que era titular, ascendiendo la cantidad de la que dispuso ilícitamente a 84.157 euros.

En noviembre de 2014, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander acordó embargar la citada cuenta, que en ese momento contenía 117.800 euros.

Por estos hechos, calificados como un delito continuado de estafa, el fiscal solicita una condena de dos años y medio de prisión; multa de 2.700 euros e indemnización por valor de las cantidades apropiadas no devueltas.

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