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Podemos presenta 34 enmiendas a la Ley de Transparencia, a la que ha aportado el 80% de su articulado
En un comunicado, recuerda que en septiembre de 2015 presentó una proposición no de ley de transparencia y participación para la Comunidad Autónoma, “prioritaria para la regeneración democrática”, y desde entonces ha venido trabajado en ella en colaboración con el Gobierno PRC-PSOE.
Si bien la norma recoge en un 80% de su articulado las propuestas podemitas, con las enmiendas registradas ahora estos diputados pretenden “enriquecer” el texto, mejorando aspectos que “ensombrecen” la ley.
Es el caso de la configuración actual del régimen sancionador o la “constante” remisión a la Ley estatal del PP, que es “una de las más restrictivas de Europa”, además de la eliminación del derecho a mantener el anonimato del solicitante.
El objetivo es garantizar el derecho a la información “sin cortapisas”, según Podemos Cantabria, que explica que una de las enmiendas se orienta a que se declaren “abiertas y accesibles” todas las cuentas bancarias a nombre de la administración pública o sus entes, para ver los saldos y también todos los movimientos, como se ha aprobado por ley en la Comunidad Valenciana.
Esto es “fundamental” para el cumplimiento de la función de evaluación de políticas públicas y un mecanismo “eficaz” para luchar contra la corrupción y para la promocionar una eficaz rendición de cuentas de los poderes públicos, subrayan los podemitas.
Además, persiguen la creación de un Registro de lobbies en el que se inscriban y controlen las personas físicas y jurídicas así como otras entidades que actúan con el objetivo de “hacer valer algún interés” en la elaboración de la normativa municipal o autonómica, en el diseño de políticas locales o regionales o en la toma de decisiones de estas entidades y en sus organismos.
Con estas enmiendas también buscan lograr la “completa accesibilidad” a los documentos; que todos los documentos que se utilicen en la administración sean públicos; que se acuerden multas coercitivas en caso de no facilitar a la ciudadanía en plazo la información; o que cada persona pueda elegir el medio a utilizar para relacionarse con la administración.
