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Podemos muestra su indignación con el fiscal que utilizó la militancia de un acusado para "desacreditar protestas"

La formación morada pedirá explicaciones al fiscal superior de Cantabria por el alegato final del ministerio público en el caso #PreguntarNoEsDelito

El fiscal criticó "la permisividad" en las protestas de la época del juicio por el escrache en la universidad contra el expresidente de Cantabria (2014)

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El fiscal, la jueza y las defensas del juicio de # PreguntarNoEsDelito | RUBÉN ALONSO

El fiscal, la jueza y las defensas del juicio de # PreguntarNoEsDelito | RUBÉN ALONSO

Podemos Cantabria muestra su "profunda indignación" con el fiscal del juicio  por la protesta en favor de la Educación Pública contra el expresidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y su política de recortes por utilizar la militancia en Podemos de uno de los acusados para cuestionar la legitimidad de la citada reivindicación social, tal y como recogió este medio.  

Así pues, pedirá explicaciones al fiscal superior de Cantabria por estas declaraciones realizadas por el ministerio público -única parte que ejerce la acusación- en su alegato final en la segunda vista del caso #PreguntarNoEsDelito. La formación morada critica el "intento burdo de desacreditar unas protestas estudiantiles en base a la militancia de uno de los participantes en dicha protesta".

El fiscal subrayó la importancia de tener en cuenta el contexto de los hechos juzgados porque "toda protesta se consideraba legítima en aquella época" e incidió en "la permisividad" que había entonces.

Desde este partido consideran "inaudito que el fiscal entre a valorar las ideas políticas de los acusados" y recalcan como "especialmente lamentable que las considere suficientemente importantes como para resaltarlas en su alegato final". Además, resaltan que "algo así sería impensable si la personas acusadas fueran militantes de cualquier otra formación política del ámbito parlamentario", por lo que "exigen el mismo respeto para Podemos, sus militantes y sus casi 30.000 votantes en Cantabria".

 "Un fiscal no está para entrar a valorar las ideas políticas de los acusados, sino para valorar si los hechos son o no constitutivos de delito", subrayan desde Podemos. En este sentido, afirman que "estas declaraciones demuestran aún más claramente" que  el caso de #PreguntarNoEsDelito "ha sido una causa política, montada sobre acusaciones falsas y con el único objetivo de desacreditar las protestas y criminalizar a la juventud cántabra". Como consecuencia de ello, Podemos espera que la jueza "termine pronto con esta cacería de brujas, decretando la absolución sin cargos de todos los acusados".      

Además de ello, desde este partido se suman al alegato final de uno de los acusados, Marcos Martínez Romano, y animan también a seguir "produciendo protestas y movilizaciones de carácter pacífico en defensa de nuestros derechos fundamentales". El partido morado añade su deseo de llevarlas a cabo "sin que la fiscalía nos persiga por nuestras ideas políticas".

El caso

El juicio, que quedó visto para sentencia, juzga los hechos sucedidos en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria, tras un acto organizado por el expresidente de Cantabria, al que la seguridad impidió la entrada a un grupo de jóvenes "sin aportar ningún tipo de justificación". 

Por este motivo, parte de los estudiantes decidieron trasladar su "descontento" a la conclusión del acto y esperaron a Ignacio Diego tras una pancarta en defensa de la educación pública coreando consignas en este sentido, produciéndose momentos de tensión con los escoltas del expresidente, quienes llegaron a agredir a uno de ellos. 

Originalmente, nueve acusados -ahora siete- se enfrentaban a 42 años de cárcel que se han ido reduciendo a cero tras las sucesivas pruebas presentadas a lo largo del tiempo por la defensa, especialmente  dos vídeos que desmentían la versión del expresidente y sus escoltas. Actualmente, la acusación pide multas de 4.400 euros por un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad.

El caso ha acarreado las múltiples muestras de apoyo hacia estos jóvenes a través de una plataforma y de una huelga educativa, entre otras, contra el que consideran como "un montaje policial". Los acusados coinciden en que "se les ha intentado fastidiar la vida", afirman que fue "una protesta pacífica" y aseguran que para ellos han sido cuatro años de "angustia, incertidumbre e impotencia". 

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