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Podemos propone medidas para atajar el fraude fiscal

Podemos propone medidas para atajar el fraude fiscal

EUROPA PRESS

SANTANDER —

Así lo ha expuesto en rueda de prensa el diputado José Ramón Blanco, que ha denunciado que el fraude fiscal rebaja la recaudación y la capacidad de las administraciones públicas para llevar a cabo sus políticas, además de reducir la equidad, porque favorece a las rentas más altas que tienen más capacidad para evadir impuestos.

La propuesta de Podemos Cantabria insta al Gobierno regional a suscribir un convenio de colaboración con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Agencia Estatal para la creación de una base de datos unificada, la realización de acciones coordinadas y conjuntas para la lucha contra el fraude fiscal y la colaboración a través de la aportación de medios económicos y humanos por parte de la Comunidad Autónoma para persecución del fraude fiscal en tributos sobre los que Cantabria no tiene competencias.

Además quiere que el Gobierno de Cantabria promueva la creación de un grupo de trabajo para la detección de bolsas de fraude fiscal y para el diseño e implementación de acciones concretas para combatirlo, formado fundamentalmente por técnicos de Hacienda, tanto de la Agencia Tributaria cántabra como de la Agencia Tributaria Estatal y que el plan de lucha contra el fraude que se está llevando a cabo por el ejecutivo sea diseñado, fundamentalmente, por un grupo de trabajo formado por técnicos de Hacienda.

Esta Proposición No de Ley insta al Gobierno de la Nación a redefinir las exenciones, escala de gravamen, reducciones, bonificaciones y deducciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que evite la indeseada competencia fiscal entre comunidades autónomas que facilitan la escasa o nula tributación de los grandes patrimonios del país.

Por último, solicita al Gobierno de la Nación que la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado se centren, a corto y medio plazo fundamentalmente, en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total.

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