Satse alerta de que habrá 65 camas menos en centros sanitarios de Cantabria durante el verano

El sindicato de Enfermería Satse ha advertido este martes de que en Cantabria habrá 65 camas menos en centros sanitarios este verano, como consecuencia de los “recortes estivales”, que también supondrán menos servicios y profesionales para atender a los ciudadanos.

Este cierre conllevará un aumento de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, más altas de forma precipitada y el “amontonamiento” de pacientes en Urgencias, según denuncia el sindicato, obligando a los profesionales a atenderlos en zonas no habilitadas para ello como los pasillos. A su juicio, también aumentará el índice de enfermos desplazados que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología, y que, por tanto, son vistos por profesionales no especializados.

Por comunidades, Satse calcula que el mayor cierre se producirá en Andalucía, con unas 2.600 camas, seguida de Madrid (1.700), Galicia (1.200), Comunitat Valenciana y País Vasco (ambas unas 1.000), Castilla y León (casi 800), Cataluña (más de 600), Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón (400), Canarias, Extremadura y Murcia (200), Navarra (más de 130), Baleares (más de 120), Cantabria (65) y La Rioja (cerca de 50).

Según el sindicato, además del cierre de camas, los centros hospitalarios cuentan con un menor número de profesionales al no sustituirse convenientemente a las personas que se van de vacaciones. La situación varía, según las comunidades autónomas, pero los porcentajes de contratación de suplencias en Enfermería van desde el 30 al 75 por ciento.

“Si las plantillas ya están bajo mínimos, la escasez de sustituciones durante el verano hace mucho más difícil la atención sanitaria a los ciudadanos, que si sale adelante es por el esfuerzo de los profesionales”, apuntan desde Satse.

Aunque durante el verano se reduce la actividad quirúrgica y la presión asistencial, esta disminución “no es ni mucho menos proporcional a la eliminación de los recursos y servicios que se establecen desde las administraciones”, según denuncia el sindicato, que lo atribuye “únicamente al deseo de los gestores de ahorrarse dinero sin preocuparse por la calidad asistencial”.