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El TSJC desestima el recurso de la Plataforma de los Valles del Sur contra el Plan Energético de Cantabria

La sala considera que "no se ha vulnerado la legalidad en el proceso de información pública y la normativa sectorial y ambiental"

La sentencia, que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, condena a la demandante al pago de las costas procesales

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El TSJC desestima el recurso de la Plataforma de los Valles del Sur contra el Plan Energético

Parque éolico en el límite entre Cantabria y Castilla y León.

La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur de Cantabria contra el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020.

La sentencia, que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, condena a la demandante al pago de las costas procesales. El TSJC considera que no se ha vulnerado la legalidad en el proceso de información pública y la normativa sectorial y ambiental, y rechaza la necesidad de una planificación territorial previa y una zonificación en este ámbito, tal y como pedía la asociación demandante.

Las decisión judicial ampara así el proceso administrativo del Plan de Sostenibilidad Energética, al afirmar que en ningún momento se han introducido modificaciones "sustanciales o no", que no hayan sido objeto de un trámite de información pública.

Del mismo modo, considera que tampoco hay vulneración alguna del Convenio de Aarhus sobre participación política y ciudadana ni de participación del público en materia de medio ambiente, dado que la asociación, como refleja la Sala en su sentencia, ha participado en los tres trámites de información pública y sus alegaciones "han sido respondidas en su totalidad".

En cuanto a la necesidad de una planificación previa como el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y la falta de una zonificación, el TSJC deja claro la naturaleza jurídica del Plan de Sostenibilidad Energética.

Este instrumento, dice la Sala, "no tiene determinaciones directamente aplicables, no es normativa de directa aplicación, sino una determinación de pasos a dar en el futuro, o más bien, un elenco de principios a tener en cuenta en los pasos que se den en el futuro" en el sector energético regional.

Por último, se desestima cualquier tipo de infracción de las normas nacionales e internacionales en materia sectorial y ambiental, por su generalidad y por la ausencia de prueba al respecto.

Pugna en los tribunales

Previamente, tal y como adelantó este periódico, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria archivó  la querella contra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín (PRC), que presentó la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria por un supuesto delito de prevaricación y contra el medio ambiente, relativo a la tramitación de los parques eólicos en la comunidad autónoma.

En los razonamientos jurídicos del acuerdo, el órgano competente al existir un aforado entre los acusados estimó que la ausencia de decisión sobre los parques eólicos adoptada por Martín, al limitarse exclusivamente a la tramitación de los proyectos eólicos, "impiden la aplicación del tipo penal de prevaricación", añadiendo que "la Administración tiene la obligación de tramitar toda solicitud antes de resolver de forma expresa".

Pese a este hecho, el desarrollo de la energía eólica y la tramitación administrativa de los nuevos parques en la zona sur de Cantabria sigue atascada casi una década después de que se dieran los primeros pasos, con denuncias cruzadas e intervenciones judiciales que han parado prácticamente todos los proyectos antes de comenzar.

Estas gestiones provocaron la denuncia contra varios altos cargos y responsables políticos por supuesta prevaricación y varios delitos urbanísticos y medioambientales por parte de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que presentaron una querella criminal contra el consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín (PRC); el director general del área, Raúl Pelayo (PRC); el alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto (PP), y el secretario municipal, Alfredo Fernández.

"No son simples errores administrativos, estamos hablando de actuaciones ilegales, de actitudes mafiosas y de corrupción pura y dura", aseguró durante la presentación de la querella Fernando Merodio, el abogado de los denunciantes, que consideró además que todo el Consejo de Gobierno de Cantabria es "cómplice" y censuró la "colaboración imprescindible" de los ayuntamientos afectados por el desarrollo eólico.

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