El Tribunal de Cuentas ve “injusto” que se evalúe su labor contra la corrupción porque no tiene competencias

Así, ha asegurado que el Tribunal de Cuentas asiste al “cuestionamiento” de su labor utilizando “como parámetro de medida el elevado número de casos de presunta corrupción” que publican los medios de comunicación, tal y como ha señalado este lunes en la inauguración del encuentro 'El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma', que se celebra en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

No obstante, ha destacado que la institución lucha “con ahínco” para mejorar sus funciones de control, así como para promover una función pública “eficaz y eficiente” con “respeto a la legalidad. Lo que ”no quiere decir“, ha añadido, que sea ”fundamentalmente“ un órgano de lucha contra la corrupción porque eso ”no responde al modelo previsto en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico“.

De esta forma, ha incidido en que el organismo es “consciente” de la “sensibilización” y “desmoralización” que provocan en los ciudadanos las noticias relativas a la “lacra social” que es la corrupción“, pero ha agregado que está ”decidido“ a ”mejorar“ su trabajo, lo que ”redundará en un mayor prestigio“ para el Tribunal de Cuentas, como por ejemplo en la fiscalización de las cuentas.

En su opinión, el organismo ha dado “un auténtico salto de calidad” en el ejercicio de sus funciones, aunque ve “necesario” continuar avanzando en la modernización de los procedimientos o aumentando su transparencia porque “es muy importante” dar a conocer su trabajo, al tiempo que ha defendido su “voluntad de contribuir a la defensa de los interese generales y de los fondos públicos”.

Al mismo tiempo, ha asegurado que la corrupción pública es “la expresión de mayor gravedad de manejo inadecuado de recursos públicos” y que “es legítimo” que los ciudadanos se planteen el papel de los organismos públicos de control ante tan significativa oleada de noticias publicadas relativas a presuntas ilegalidades, que causan estupor“.

Además de destacar las mejoras en el funcionamiento de este Tribunal por medio del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de sus informes, Álvarez de Miranda ha indicado que aunque la institución está sujeta “a la crítica” y a propuestas de mejora, este hecho “no debe servir para desestabilizar el funcionamiento del sistema institucional”.

En este sentido, ha concretado que “en especial” cuando se usan “argumentos inexactos o falsos”. Para su presidente, el Tribunal de Cuentas “tiene asumido el reto de su cometido” y ha hecho hincapié en que es “evidente” que la lucha contra la corrupción se ha convertido en uno de los temas que “más preocupan” en España. De hecho, ha reivindicado que “la recuperación y el mejor bienestar no pueden significar una relajación de los principios de buena gobernanza y adecuada utilización de los recursos públicos”.

“MAYOR EXIGENCIA” A LOS PODERES PÚBLICOS

A su juicio, esta “preocupación no sólo es explicable por la grave situación de crisis, por cuanto ha supuesto de restricciones y dificultades para el conjunto de los españoles”, sino también porque la sociedad “está cada vez más avanzada”. En este sentido, ha agregado que las democracias desarrolladas se caracterizan por una “mayor exigencia” a los poderes públicos y por un uso “cada vez más eficaz y eficiente de los recursos”.

En cuanto al trabajo del Tribunal de Cuentas, su máximo responsable ha enfatizado en la “vocación de transparencia” que tiene, en su labor divulgativa de cara a la ciudadanía y a su rendición pública de las acciones que lleva a cabo, al tiempo que ha apelado a la “responsabilidad” que, en su opinión, tienen los medios de comunicación con el “especial rigor” en el tratamiento de los asuntos que “puedan estar relacionados con la corrupción”.

Finalmente, ha hecho referencia a las expectativas sobre las mejoras de control y ha defendido la “concepción integradora” del Tribunal de Cuentas con otros organismos del Estado. En este sentido, se ha referido a que la colaboración del tribunal “generalmente discreta” y a sus actuaciones de control en favor de la lucha contra la corrupción.