El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria suprime la apertura del Año Judicial tras diez años
El pasado día 5 de septiembre, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, el rey Felipe VI presidió la apertura del Año Judicial en España, en una ceremonia que estuvo claramente marcada por el desafío independentista. En Cantabria, por primera vez en diez años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) no celebrará este acto que representa simbólicamente el arranque del nuevo curso judicial, rompiendo así un protocolo institucional instaurado en 2006.
Cada año el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma organiza en el mes de octubre un acto solemne al que acuden las autoridades más destacadas de Cantabria y en el que el presidente del Tribunal hace una especie de resumen de las actividades más importantes llevadas a cabo durante el último año y verbaliza las principales reivindicaciones y necesidades de los jueces.
Sin embargo, este año no se ha celebrado y tampoco se hará en próximas fechas. En declaraciones a eldiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha alegado, a través de su oficina de prensa, que la apertura del Año Judicial es un acto que carece de utilidad y ha aducido igualmente “problemas de agenda”.
Por el contrario, otras fuentes de la judicatura han apuntado a este medio como causa la recusación formulada por el sector crítico del PP contra José Luis López del Moral y contra la también magistrada Paz Hidalgo, una afirmación que el TSJC tacha de “absurda”.
Desde la oficina de prensa del alto tribunal cántabro se explica que desde que el nuevo presidente llegó en 2015, en sustitución de César Tolosa, “el acto se ha ido reformulando porque no se terminaba de ver” y “al final han creído que no tiene sentido”. “Consideran que es un acto más propio de Madrid”, sostienen.
También ha sido una “cuestión de agenda”, ya que la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, no podía estar presente “antes de mediados de octubre”. En este sentido, los responsables del TSJC entienden que era inoportuno celebrar la ceremonia más de un mes después del reinicio de la actividad tras el parón de agosto.
De igual forma, recuerdan que tampoco hay obligación de conmemorar el nuevo Año Judicial y afirman que “hay territorios que lo hacen y otros que no”. A este respecto, según ha podido comprobar este diario, en todas las comunidades autónomas ha habido un acto de este tipo salvo en Cataluña y en Extremadura.
Finalmente, niegan en rotundo que la decisión de suprimirlo tenga ver con que hasta ahora haya estado pendiente de resolverse la recusación formada por el sector crítico del PP contra el presidente del Tribunal en el caso que juzga un posible pucherazo en las primarias por su vinculación, según este grupo afín a Ignacio Diego, al partido conservador, como apuntan a este medio fuentes de la judicatura.
La no celebración de este acto ha causado sorpresa entre los trabajadores de Las Salesas, que no han recibido ningún tipo de comunicación oficial ni extraoficial por parte del alto tribunal sobre la anulación de un evento que viene celebrándose con normalidad durante los últimos diez años y que es “el más importante” que lleva a cabo la judicatura junto a la presentación de la memoria anual.
La recusación
A raíz del convulso proceso interno de primarias, los partidarios de Ignacio Diego presentaron el pasado mes de julio una querella contra la nueva presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, y contra otros dos cargos del partido por prevaricación administrativa, delito electoral y malversación de caudales públicos, así como por revelación de secretos.
La querella se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dada la condición de aforada de Buruaga, y el caso cayó en manos de la magistrada Paz Higaldo, quien en apenas 24 horas desestimó la denuncia al considerar que tales delitos no podían darse en el ámbito de un partido político, que es un ente privado.
Por ello, los críticos recurrieron presentando un escrito de recusación contra Paz Hidalgo, que en el año 2011 pasó a ser magistrada de la Sala Civil y lo Penal del TSJC precisamente a propuesta del Partido Popular, y contra López del Moral -presidente de la Sala que archivó la denuncia- porque “tiene una clara adscripción política” al haber ostentado el cargo político de director general de Justicia en la Comunidad de Madrid en la época de Ruiz Gallardón.
El TSJC desestimó esta petición el pasado 23 de octubre al considerar que “no hay pruebas” para dudar de la profesionalidad de ambos magistrados, en un auto en el que se ponía de manifiesto que “las alegaciones se han realizado de manera difusa y abstracta y sin probar ninguna conexión que permita tener, siquiera, sospechas de apariencia de parcialidad”.
