Unanimidad en el Parlamento regional para pedir al Gobierno central que se garantice el suministro eléctrico

El Parlamento de Cantabria insta, por unanimidad, al Gobierno de España (PP) a aprobar las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro eléctrico.

Los cinco grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han dado este lunes su 'sí' a la proposición no de ley planteada sobre esta cuestión por Podemos, que ya ha anunciado que en “enero o febrero” presentará una proposición de ley para regular la pobreza energética en Cantabria, “dentro de las competencias que tiene” la comunidad.

El diputado de Podemos José Ramón Blanco ha asegurado haberse quedado “sin palabras” por la unanimidad de la iniciativa planteada este lunes ya que, según ha reconocido, “no se la esperaba”.

“Veremos a ver cuando haya que regular de verdad”, ha advertido el podemita, una frase que ha hecho que la presidenta del Parlamento, la socialista Dolores Gorostiga, le ha instado a “disfrutar del momento” y de haber conseguido aprobar su iniciativa con el apoyo de todos los grupos.

Este comentario de Gorostiaga ha generado la protesta de los diputados de Podemos, que han calificado esta observación de la presidenta de la Cámara como una “falta de respeto” y han pedido que la retirara, algo que ésta ha hecho no sin antes pedir disculpas a la formación morada si sus palabras, “hechas con toda la buena voluntad” --ha dicho-- les habían molestado.

En la proposición no de ley Podemos pedía que se considerara algo “inalienable” el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada y “condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana”.

Como medidas concretas, se reclamaba la prohibición legal de todos los cortes de luz de las familias con problemas económicos y la asunción del coste por las compañías; la aprobación de una “tarifa asequible, regulada por el Gobierno” que ponga fin a los “abusos”; la creación de una “tarifa social” en sustitución del actual bono dirigido a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

También se pedía que las grandes eléctricas reconocieran y devolvieran los 3.500 millones de euros que cobraron en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs) y la realización de una auditoria al sistema eléctrico y la aplicación del tipo de IVA reducido a la electricidad.

Aunque todos los grupos parlamentarios han dado su sí a esta iniciativa, algunos, como el PP, consideran que algunas de las medidas que se proponen, como la de la tarifa social o el IVA reducido, son de “difícil articulación”, y pueden ser contrarias a lo establecido en directivas de la UE o en normativa básica estatal.

Otros, como Ciudadanos, también ha asegurado estar “de acuerdo en el fondo” sobre la necesidad de solventar la situación de estas familias afectadas por la pobreza energética más que “en el cómo”.

La portavoz socialista en el Parlamento, Silvia Abascal, ha reivindicado el trabajo realizado por el PSOE en Cantabria y en España para luchar contra la pobreza energética.

Así, Abascal ha recordado el Fondo Extraordinario de 2 millones de euros puesto en marcha por la Consejería de Universidades e Innovación, Medio Ambiente y Política Social que dirige la socialista Eva Díaz Tezanos para los afectados por la pobreza energética en la comunidad autónoma, problema que sufren casi 20.000 hogares cántabros.

También ha recordado el convenio de colaboración entre el Gobierno regional, ayuntamientos y empresas comercializadoras y distribuidoras para evitar cortes de luz y gas.

Ha recalcado que se han puesto en marcha estas iniciativas “sin recibir ninguna ayuda” por parte del Gobierno central.

En el ámbito nacional, también se ha referido a las tres iniciativas presentadas por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, la última una proposición de ley que espera que “llegue a buen puerto” dirigida a una “revisión integral” de la normativa en materia energética. “No debemos quedarnos esta vez en meros arreglos cosméticos”, ha dicho Abascal.

La socialista ha asegurado que “combatir la pobreza energética” es una “cuestión de justicia social” en la que “solo hace falta voluntad política” y ha señalado la necesidad de “dar una respuesta sin más demora” y no “mirar hacia otro lado”, como, a su juicio, ha hecho el Gobierno del PP.

El PRC ha señalado la necesidad de “poner coto” a lo que actualmente están haciendo las eléctricas “gracias” --ha dicho-- a los gobiernos del PP.

ELIMINACIÓN DEL DECRETO DE MEDIDAS PARA LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Por otro lado, el Pleno ha aprobado con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, una proposición no de ley conjunta de PRC, PSOE y Podemos que insta al Gobierno de Cantabria a reclamar al Gobierno de la Nación la eliminación de los recortes en los derechos de los empleados públicos impuestos a través del polémico Real Decreto de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, así como la derogación de las limitaciones impuestas para la convocatoria de ofertas públicas de empleo.

Los grupos proponentes han señalado que la aplicación de la tasa de reposición ha supuesto que en los últimos años la Administración regional no haya aprobado Ofertas Públicas de Empleo o que estas hayan sido “manifiestamente insuficientes” para atender las necesidades de personal, a la vez que el índice de temporalidad del personal al servicio de la Administración se ha elevado hasta tasas superiores al 30%.

C's se ha abstenido porque la generalidad de la resolución le genera “dudas”. En este sentido, Juan Ramón Carrancio ha dicho que los recortes se aplicaron “indiscriminadamente”, incluso en servicios esenciales, generando “auténticos problemas” en su funcionamiento, mientras “se ha seguido derrochando” en otros ámbitos, “y se ha hecho una defensa numantina” de cuestiones como las diputaciones cuando se ha intentado “eliminar grasa” de la administración.

Por su parte, el PP ha dicho que la iniciativa es “demagógica, populista, falaz e innecesaria”. Isabel Urrutia ha dicho que el PP “ha devuelto” a los funcionarios públicos todos sus derechos, ha denunciado que el Gobierno PRC-PSOE “todavía no ha derogado el plan de sostenibilidad” que aprobó el PP en Cantabria en 2012, y ha acusado al bipartito de “utilizar” a los empleados públicos para “arremeter” contra el Gobierno de España.

MURCIÉLAGOS

En la sesión de hoy también se ha hablado en el Pleno del contrato de elaboración de un atlas de los quirópteros (murciélagos), sacado a licitación el pasado 23 de noviembre, con tramitación urgente y con un presupuesto base de licitación de casi 118.000 euros, IVA incluido, y una plazo de ejecución de 24 meses.

El diputado 'popular' Luis Carlos Albalá ha interpelado al consejero por los motivos por los que este contrato lo saca a licitación la Dirección General de Medio Ambiente --perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente-- y no la Dirección del Medio Natural, integrado en el departamento de Oria.

“Le han vampirizado a usted”, ha dicho Albalá, que ha interpelado a Oria por las razones para, a juicio del 'popular, “eludir su responsabilidad” en este contrato.

Para el PP es una “contradicción” que sea la Consejería de Medio Ambiente, en manos del PSOE, y no la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, del PRC, quien proponga la realización de este contrato de servicios y lo licite y financie, “obviándose”, a su juicio, las competencias y responsabilidad del departamento de Oria en materia de protección de la fauna amenazada o en peligro de extinción.

Oria ha explicado que su Consejería no ha “esquivado” sus competencias, sino que lo que han hecho ambas Direcciones Generales de las dos consejerías es “colaborar” ya que su departamento no tenía consignación presupuestaria para sacar a licitación este contrato.