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Unión de Consumidores advierte del riesgo de reclamar judicialmente los gastos de hipoteca

La organización advierte de que el procedimiento podría no compensar económicamente al no devolverse el importe del Impuesto de Actos Jurídicos

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Viviendas en venta, en una zona residencial

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La Unión de Consumidores de Cantabria alerta del riesgo de reclamar judicialmente los gastos de hipoteca y aconseja valorar previamente si la cantidad que se estima recuperar compensa los costes del procedimiento.

La asociación lanza esta advertencia a raíz de la sentencia del 8 de noviembre de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cantabria, que deniega la devolución del importe del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la mayor cantidad reclamada en un proceso de estas características.

UCC considera que la sentencia -que no es firme- supone "un grave contratiempo" para los intereses de los consumidores y advierte de los riesgos e inconvenientes que se podrían derivar de dichas reclamaciones judiciales a partir de este momento.

En su opinión, el criterio de la Audiencia supone que los procesos judiciales de reclamación de gastos de hipoteca pueden pasar a ser de carácter "antieconómico" para el cliente, puesto que se reducen las cantidades a recuperar y se podría dar el supuesto de que solo alcanzasen a cubrir los costes del procedimiento, derivados de la necesaria contratación de abogado y procurador.

La Unión de Consumidores de Cantabria, antes de iniciar la reclamación de gastos de constitución hipotecaria, aconseja asesorarse previamente -y a ser posible por escrito- de las cantidades estimadas que podrían recuperar, para valorar si compensa o no acudir a los tribunales.

Por último, ante esta situación la asociación estima que la postura "más realista" sería "ampliar el radio de acción" de las demandas reclamando no sólo los gastos de constitución hipotecaria sino cláusulas como las de intereses moratorios, vencimiento anticipado o cláusula suelo,... cuando ello sea factible, para que esas demandas sí tengan interés económico real para el consumidor.

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