Un miembro del equipo de De la Serna, imputado en el caso Lezo

Juan Bravo, actual presidente de Adif, ha sido imputado por la Audiencia Nacional junto a otras 23 personas más -la mayor parte de ellas vinculadas a Alberto Ruiz Gallardón- por el caso Lezo, que investiga presuntas irregularidades en la empresa pública Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid.

Bravo lleva poco más de un año al frente de la entidad que gestiona las infraestructuras ferroviarias en España, cargo al que llegó tras ser fichado en noviembre del año pasado por el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, cuando este fue nombrado nuevo ministro de Fomento.

Este licenciado en Derecho y funcionario de carrera, ha ocupado durante las últimas dos décadas diferentes puestos públicos, principalmente de la mano de Ruiz Gallardón, para quien ha sido uno de sus máximos colaboradores. En 1995 fue nombrado director general de Presupuestos y Patrimonio, y dos años más tarde pasó a desempeñar la viceconsejería hasta 2001, cuando se hizo con la Consejería de Hacienda.

A partir de 2003 se incorporó junto a Ruiz Gallardón al Ayuntamiento de Madrid como concejal de Hacienda y Administración Pública hasta enero de 2012 y ejerciendo además la presidencia de Metro de Madrid desde 2009 hasta 2011. Nuevamente, acompañó al político del PP esta vez al Ministerio de Justicia como subsecretario.

Tras la dimisión de Gallardón en septiembre de 2014, estuvo en la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad, y un año más tarde fue repescado por Cristina Cifuentes para Metro Madrid, hasta que finalmente fue fichado por Íñigo de la Serna como presidente de Adif.

Primera dimisión

Además de Juan Bravo, el magistrado Manuel García Castellón ha citado a declarar como investigados a una veintena de personas por la compra de Inassa. La adquisición del 75% de la filial colombiana por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación.

Entre los investigados se encuentran varios exconsejeros de Gallardón como el propio Juan Bravo, Agapito Ramos, José Antonio Llanos, el expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo o el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien acaba de presentar su renuncia ante la Asamblea de Madrid.