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El juicio por prevaricación urbanística en Santa Catalina, con 19 acusados, comienza este martes en Salesas

Entre los encausados figuran los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, que se enfrentan a penas de inhabilitación

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Un total de 19 personas entre exconcejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio por prevaricación en el desarrollo urbanístico de la zona conocida como Santa Catalina, que celebrará el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander a partir de este martes, 19 de septiembre. Las sesiones se celebrarán en el salón de actos de Las Salesas.

Según el juez instructor y el fiscal, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, así como la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, lo que calcula que puede ser un menoscabo patrimonial para el Consistorio de unos 2,4 millones de euros.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que la construcción de ese vial, al que se le dio la denominación de calle Poeta Hierro, se realizó con informe desfavorable de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) y sin la preceptiva modificación del PGOU, que luego se intentó "camuflar" bajo otra denominación, y "en beneficio lucrativo" de los promotores de las construcciones llevadas a cabo y futuras y los propietarios de los terrenos.

Están acusados los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muruguza, los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Joaquín Antuñano, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y tres técnicos municipales.

El juez instructor, Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado nº 2 de Laredo, considera que existen indicios de delito de prevaricación tanto en la modificación del PGOU, que afectó a cuatro unidades de actuación y que el magistrado tacha de "fraudulenta", como en los instrumentos de gestión y ejecución -estudio de detalle de la unidad de actuación 1.34 y proyecto de reparcelación y urbanización- y en la concesión de licencias.

Acayro Sánchez señala en el auto de apertura de juicio oral que dictó en septiembre del año 2011, que existían hasta cinco informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) advirtiendo de ilegalidades, que han sido "conocidos, criticados y finalmente omitidos" por parte de los entonces concejales, que votaron en el Pleno "sabiendo perfectamente lo que se votaba".

En este sentido, el magistrado afirma que aunque los acusados han aducido "confusiones, malas informaciones o defectos de información por parte de los servicios técnicos", basta leer las actas de los Plenos para apreciar que la cuestión de la legalidad urbanística "se habló y mucho en los Plenos y no sólo por los que votaron en contra".

Asimismo, señala que la "disciplina de voto" alegada "carece de eficacia en el ámbito penal", porque "quien vota en un consistorio, es responsable de lo que vota, le beneficie a él o no, pues en un ayuntamiento quien debe beneficiarse es el municipio y sus habitantes, no sus concejales".

Por otro lado, el juez denuncia la inscripción en el Registro de la Propiedad de un proyecto de reparcelación "manipulado y falso" para "dar "visos de legalidad" y "maquillar la ilegalidad que se estaba cometiendo" al reducir la superficie destinada a equipamientos sin contraprestación alguna por parte de los promotores, que eran "directamente beneficiarios de tal alteración documental".

Sin embargo, los promotores acusados inicialmente de un supuesto delito continuado de estafa por "vender viviendas viciadas de ilegalidades urbanísticas y ocultarlo a los promotores", fueron desimputados posteriormente "porque no se han apreciado indicios con entidad suficiente para configurar engaño bastante a los compradores".

PENAS DE INHABILITACIÓN

Todos los acusados se enfrentan a penas de inhabilitación salvo el exsecretario municipal César Saiz, para quien el fiscal pide seis años de cárcel por dos delitos de falsedad en documento público. El Ministerio Público también solicitó inicialmente tres años de cárcel para Rufino Díaz Helguera por falsedad en documento público, pero en un auto posterior, la Audiencia provincial estimó parcialmente su recurso y acordó sobreseer la imputación por ese supuesto.

Los hechos son calificados por el fiscal como delitos continuados de prevaricación, de prevaricación urbanística y como delitos de falsedad en documento público cometido por funcionario público.

Por los delitos de prevaricación genérica, la petición de pena del Ministerio Fiscal llega hasta los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de prevaricación urbanística nueve meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros; y por los de falsedad en documento público las penas ascienden a tres años de cárcel y hasta 6.000 euros de multa.

El juicio está señalado para los días 19, 20, 25, 27, 28 y 29 de septiembre, con sesiones que darán comienzo a las nueve de la mañana y previsiblemente se extenderán por la tarde, en el salón de actos de Las Salesas.

Los días 19 y 20 están destinados a la declaración de acusados, en sesión de mañana (9 horas) y tarde (17 horas). Los días 22 y 25 están citados testigos; el día 27 los peritos; y el 28 y 29 serán las conclusiones.

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