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Cantabria contará con una nueva ley para impulsar la iniciativa legislativa popular

Rafael de la Sierra y Bernardo Colsa en rueda de prensa. |

Laro García

Cantabria contará antes de que finalice la presente legislatura con una nueva ley que pretende facilitar y promover la presentación de iniciativas legislativas populares, facilitando los requisitos para activar este procedimiento y actualizando una normativa reguladora que data de hace más de tres décadas y que no ha sido útil: solo se ha utilizado en dos ocasiones en 30 años y en ninguno de los dos casos se tomó en consideración la propuesta.

Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), junto al director general de Servicios Generales, Bernardo Colsa, el Gobierno de Cantabria someterá de forma “inmediata” a información pública el anteproyecto de la ley, que introduce una serie de cambios con el objetivo de “impulsar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social” de la comunidad autónoma.

El texto incluirá entre las principales novedades una rebaja en el número de firmas necesarias para impulsar la iniciativa legislativa popular, pasando de 10.000 a 5.000. Además, se amplía el plazo de recogida de firmas de tres a seis meses para “favorecer la presentación de un mayor número de propuestas por parte de los ciudadanos”.

Entre otros cambios, la nueva ley permitirá recoger firmas a través de internet con el mismo valor jurídico que las manuscritas y habrá fedatarios encargados de certificar la validez de las firmas. También se establecerá una indemnización para cubrir los gastos realizados en la difusión de la proposición de ley y en la recogida de firmas, a razón de 0,60 euros por firma, hasta un máximo de 3.000 euros, y los promotores serán los encargados de presentar la iniciativa en el debate de toma en consideración.

Democracia participativa

A juicio de Rafael de la Sierra, este normativa desarrollada por su departamento “va a ser la más participativa de España, porque es la que menos firmas exige proporcionalmente y de forma absoluta”. Además, el consejero regionalista ha explicado que, para garantizar la “agilidad y viabilidad” de las iniciativas, se simplificarán y aclararán los trámites y requisitos necesarios, estableciendo plazos breves en procesos como la emisión y aprobación de la comisión promotora o los pliegos de recogida de firmas.

De la Sierra también ha añadido que esta medida se enmarca en la política del Gobierno basada en el “principio esencial” y “modelo de gobernanza real” de colaboración entre la Administración pública y la sociedad cántabra, algo más necesario teniendo en cuenta “el cambio de escenario social, cultural, político y sobre todo tecnológico” que les ha llevado a inclinarse por la elaboración de una nueva ley “adaptada a la realidad, a los nuevos tiempos y las nuevas exigencias de los ciudadanos”.

Y es que lo que plantea el bipartito es la reforma integral de la normativa reguladora de la iniciativa legislativa popular en Cantabria, que entró en vigor en 1985 y que solo se ha empleado en dos ocasiones en los años 2000 y 2001, cuando además una de las proposiciones de ley ni siquiera fue admitida a trámite y la otra no llegó a tramitarse porque no fue tomada en consideración por la Mesa del Parlamento.

Compromisos futuros

El consejero ha defendido que esta nueva ley, que arranca ahora el proceso para su aprobación definitiva en el Parlamento de Cantabria, es un “compromiso adquirido” por el Ejecutivo PRC-PSOE a principios de la legislatura, y va en la misma línea de otras actuaciones con la vista puesta en que “los ciudadanos ser acerquen y se impliquen en la acción de Gobierno”.

Entre ellas, ha señalado el proyecto de ley para la recuperación del Consejo Económico y Social (CES), la puesta en marcha del Portal de Transparencia en 2015, “inmediatamente después de tomar posesión”, o la aprobación a finales de 2016 del proyecto de Ley de Transparencia, que está en el Parlamento “a falta de que culmine su tramitación”, y la creación de una unidad administrativa en este ámbito.

Por otro lado, De la Sierra ha detallado que el Gobierno acometerá próximamente la reforma de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y se asistirá al ciudadano en todos los trámites telemáticos en las nuevas oficinas de asistencia en materia de registro que se crearán tras la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, ya en trámite parlamentario.

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