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Cinco ex empleados de la SPRI denuncian motivos políticos en sus despidos

Los juicios comenzaron ayer y las demandas contra la sociedad pública industrial destacan que fueron cesados justo una semana después de que el PSE rechazara los primeros presupuestos del Gobierno Urkullu.

El director del Grupo SPRI, Alexander Arriola, admite ante el juez que se han realizado dos nuevas contrataciones tras los despidos, pese a que los justificaron por los recortes.

Eran empleados con contrato laboral, no de cargos de designación política, que habían pasado una selección y fueron contratados durante la anterior etapa del Gobierno socialista.

El Ejecutivo de Urkullu intentó en septiembre despedir a cuatro gerentes de polígonos industriales públicos pero dio marcha atrás tras comunicárselo a los afectados, ya que se acababa de firmar el pacto económico y fiscal con los socialistas.

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La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, junto al director del Grupo SPRI Alexander Arriola.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, junto al director del Grupo SPRI Alexander Arriola.

Cinco ex trabajadores del Grupo SPRI, la agencia de desarrollo empresarial pública del Gobierno, han presentado una denuncia contra esa sociedad pública al atribuir su cese a motivos políticos y, por tanto, vulneración de un derecho fundamental de un empleado. Los juicios comenzaron ayer, con la primera vista en el juzgado de lo social número 10 de Bilbao del caso de uno de ellos y los denunciantes señalan en sus demandas que los despidos, realizados en mayo pasado, se produjeron justo una semana después de que el PSE rechazara apoyar los primeros presupuestos de Urkullu.  La siguiente vista está fijada para el 4 de febrero y en los siguientes meses, hasta mayo, se celebrarán el resto de juicios.

Se trata de empleados  de SPRI, SPRILUR y el Parque Tecnológico de Bizkaia (entidades públicas que dependen del Departamento de Desarrollo Económico de la consejera Arantza Tapia) con contrato laboral, no de cargos de designación política, que habían pasado por un proceso de selección previo regido por los criterios exigidos por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Es decir, publicidad, concurrencia y mérito. Todos ellos fueron contratados durante la anterior etapa del Gobierno socialista.

Los despidos afectaron a un total de ocho personas, prácticamente todas las que fueron contratadas en el Grupo SPRI durante la anterior legislatura, y tres de ellos han llegado a acuerdos personales en los que se les ha pagado como despidos improcedentes, pero sin reconocer tal condición.

La sociedad pública del Gobierno ejecutó los ceses acogiéndose a la reforma laboral, al aducir causas económicas y objetivas, aunque en los presupuestos elaborados para ese año, que se concluyeron un mes antes, no se contemplaba ningún recorte de personal. Incluso aumentaba la partida para contratar a un nuevo empleado. La decisión disciplinaria se adoptó después de que en 2012 el Grupo SPRI tuvo que readmitir a una trabajadora despedida por motivos políticos, según dos sentencias ratificadas por un juzgado de lo laboral y el Tribunal Superior vasco. En las fechas de los despidos, a mediados de este año, el Gobierno vasco mantenía y luego ha seguido expresando la idea de que el reajuste en el sector público no iba a afectar a ninguna persona.

En el juicio de ayer, el director del Grupo SPRI, Alexander Arriola, reconoció ante el juez que tras los despidos se realizaron dos nuevas contrataciones para el área de Internacional, pese a que la sociedad público adujo, en las cartas de despido, que las rescisiones de los contratos se debían a los recortes. El director del área económica-financiera de SPRI, Aitor Peñeñori, quien declaró tras Arriola, aseguró en un principio que no se habían realizado nuevas contrataciones hasta que se le comunicó lo expresado por su director general.

En el Grupo SPRI, hubo otro intento posterior de prescindir de empleados contratados por el anterior Gobierno. El 17 de setiembre,un día después del acuerdo en materia económica y fiscal firmado entre el PNV y el PSE, se comunicó el despido de cuatro  gerentes de las llamadas industrialdeak (los polígonos industriales públicos) que entraron en la legislatura socialista como trabajadores laborales. El argumento que se ofreció era que el número de industrialdeak se iba a reducir a una por territorio pero en cambio se mantuvo a tres gerentes de Gipuzkoa, que procedían de los años en los que gobernó el PNV, según fuentes de la sociedad pública.

Los despidos se pararon tras las quejas del PSE al PNV y tres horas después de la comunicación inicial les dijeron que no eran despachados de sus puestos, aseguran los mismos medios. Un  mes después les informaron que dejarían de ser gerentes a partir de este 1 de enero y que pasarían a ser técnicos en las mismas sociedades y con el mismo sueldo.

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