Abogados de presos de ETA piden a la AN que muestre que es “garante” de la legalidad“ y acabe con su dispersión

El abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga ha pedido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que demuestre que es “garante” del cumplimiento de la legalidad y acabe con su situación de dispersión, en base a las “quejas individuales” que medio centenar de presos están presentado en el órgano judicial por “vulneración de derechos humanos fundamentales y penitenciarios” que, a su juicio, supone su alejamiento de cárceles vascas.

El letrado ha afirmado que están a la expectativa de la postura que mantenga la Fiscalía ante estos escritos, y ha afirmado que, en todo caso, tienen “la ambición” de que sus “quejas” prosperen por vía jurídica en el Estado español. Sin embargo, han mostrado su disposición de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si fuera indispensable.

Los internos de ETA han decidido emprender la vía judicial para reclamar su traslado a cárceles vascas, después de que las peticiones que realizaron ante Instituciones Penitenciarias hayan sido denegadas.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que estuvo acompañado de la letrada Haizea Ziluaga, Goioaga ha señalado que espera no tener que recurrir al Tribunal de Estrasburgo porque “serían triste que el mecanismo del Estado español funcione a través de impulsos internacionales”.

“Lo que está en cuestión aquí es si se respeta o no el principio de legalidad y si estamos o no en un Estado de Derecho. En estos momentos, es inaceptable mantener la situación de dispersión y en estas condiciones”, ha añadido.

“INDEFENDIBLE”

A su juicio, esto “es indefendible, a no ser bajo criterios de crueldad o de venganza”. “Vamos a ganar este recurso, esta vía, por la vía jurídica aquí, y ésa es la ambición que tenemos”, ha manifestado.

Iñaki Goioaga ha afirmado que “se supone que en un Estado de Derecho hay una independencia del Poder Judicial”. “Veremos también, en concreto, el papel de la Fiscalía en este recorrido”, ha añadido, para mostrar su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el ministerio público.

En caso de que el informe del Fiscal sea contrario a la pretensión de los reclusos, el letrado cree que tiene que ser el juez de Vigilancia Penitenciaria el que debe demostrar que existe la división de poderes y actuar como “garante del cumplimiento de la legalidad”.