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Aburto acusa al PP de “convertir en defraudadores” a los perceptores de ayudas sociales

EUROPA PRESS

VITORIA —

El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha reprochado al PP que trate de “convertir en defraudadores” a los perceptores de las ayudas sociales, y ha recordado que el fraude en estas prestaciones apenas suma 3,8 millones de euros en los tres últimos años (un 0,3 por ciento del presupuesto total de estas prestaciones), mientras que la suma total de irregularidades --fraudulentas o no-- atribuible a los perceptores es 20,8 millones, lo que supone un 1,6 por ciento del presupuesto.

Aburto ha respondido este viernes, durante el pleno de control que celebra el Parlamento vasco, a una interpelación del PP sobre la supuesta “falta de transparencia” sobre la gestión de Lanbide.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha acusado a Aburto de tratar de “tapar la realidad” sobre “el fraude, la picaresca y el abuso” que, según ha denunciado, existe entre los perceptores de prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

El consejero ha rechazado las críticas de Garrido, y ha censurado la forma en la que está actuando el PP en relación a este asunto. Aburto ha destacado que, desde el pasado mes de septiembre, el Partido Popular le ha dirigido más de 600 preguntas relacionadas con la RGI, lo que arroja una media de “nueve preguntas por día laborable”.

“NO TODO ES FRAUDE”

El responsable autonómico de Empleo y Políticas Sociales ha destacado que su departamento ha dado “toda la información” disponible. No obstante, ha lamentado que el PP utilice los datos que se le ofrecen para crear “confusión”, ya que “mezcla” situaciones diferentes porque “le interesa que todo sea fraude”.

Así, ha recordado que en una de sus respuestas, dio a conocer que las irregularidades atribuibles a conductas de los perceptores de la RGI y la PCV sumaban 20,8 millones de euros en los tres últimos años, lo que supone un 1,6 por ciento del presupuesto total de estas prestaciones durante ese periodo, que asciende a 1.313 millones.

Dentro de esos 20,8 millones, existen distintos tipos de “irregularidades”, de las que la suma de las que pueden calificarse como “fraude” por parte de los perceptores apenas asciende a 3,8 millones de euros. Esta cifra supone un 0,3 por ciento del volumen total de estas ayudas durante los tres años analizados.

El resto de las irregularidades, tal y como ha explicado, se corresponde con “ineficiencias” en las que no ha quedado constatada la “intención de engañar o defraudar” por parte del perceptor. “Irregularidades administrativas hay muchas; no todo es fraude”, ha manifestado.

Aburto, aunque sin citarle por su nombre, ha recordado que fue el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), el que “habló” de que había 20,8 millones de euros de fraude. “No conviertan en defraudadores a miles de perceptores”, ha reclamado al Partido Popular.

Aunque en este caso tampoco ha mencionado su nombre, también ha aludido a las declaraciones de Maroto contra las personas de origen magrebí que viven en Vitoria, a las que acusó de “vivir de las ayudas sociales” y de no querer “trabajar ni integrarse”, unas palabras por las que ha sido denunciado por un posible delito de incitación al odio por motivos raciales. “No he sido yo quien ha dicho que un determinado colectivo vive de las ayudas sociales”, ha afirmado Aburto.

“ARGUCIAS” DEL PP

El consejero también se ha referido a la propuesta anunciada por Maroto, y posteriormente canalizada a través de una plataforma ciudadana, para excluir de la RGI a las personas sin permiso de residencia y a quienes no lleven cinco años empadronadas en Euskadi, entre otros colectivos. Aburto ha lamentado que se pretenda “echar del sistema” a “miles de personas” que carecen de recursos económicos.

Aburto, en referencia a la mencionada plataforma, ha reprochado al Partido Popular que recurra a una “argucia externa” en lugar de presentar una proposición de ley en el Parlamento para modificar el sistema de la RGI. “Aclaren si lo que quieren es ”que menos personas entren en el sistema“, ha preguntado al PP, para añadir que en lugar de eso, lo que el defiende es ”mejorar“ el sistema.

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