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Aburto admite que hay que dejar de subvencionar VPO en propiedad

Edificios de VPO en el barrio de Mariturri (Vitoria-Gasteiz).

Eduardo Azumendi

“La única política de vivienda posible en un futuro debiera ser la política de alquiler, con dinero público no debiéramos favorecer el acceso a la propiedad de la vivienda”. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha admitido así algo de lo que el Gobierno era plenamente consciente hace años, pero que ha dado pocos pasos para cambiar la situación. Durante el acto de inauguración de la jornada 'La vivienda vacía: incentivos para su movilización', celebrada en Bilbao, Aburto ha defendido que el dinero público debe ir a los alquileres sociales y por eso ha abogado por la captación de viviendas que están deshabitadas para incorporarlas a ese mercado de alquiler.

El Gobierno vasco ha captado en los últimos años un total de 5.000 viviendas libres y vacías para destinarlas a alquiler social. En 2013 se contabilizaron 91.000 viviendas vacías en la comunidad autónoma, lo que supone el 8,7 % del parque total de residencias. De ese 8,7 %, hay que descontar el porcentaje que es segunda vivienda o vivienda de temporada, por lo que el porcentaje de vivienda en desuso real es del 6 %. Esta cifra sería la que se podría captar para dedicarla a “facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a quien no pueda acceder a ella”, aunque Aburto ha precisado que mucha de esta vivienda se encuentra en municipios pequeños, y la mayor demanda se concentra en los núcleos urbanos

La estrategia para acceder a estos pisos y ofrecerlos a precios asequibles pasa por establecer “medidas incentivadoras”, y entre ellas, ha citado las ayudas a rehabilitación del piso o determinadas exenciones fiscales.

El plan director de Vivienda del País Vasco para el período 2013-2016 ya recoge la apuesta por el alquiler y la rehabilitación frente a la construcción y posterior venta de viviendas protegidas (VPO) en propiedad. Pero los políticos siempre han argumentado que la política de vivienda no puede modificarse ni en un año ni en dos, ni probablemente en una legislatura.

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