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Acusación popular del caso Kutxabank pide 3 años y medio de cárcel a Cabieces y Alcorta, y 2 y tres meses a Fernández

La acusación popular del 'caso Kutxabank', que representa a LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

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En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la acusación popular ha dado a conocer el escrito de acusación que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao y en el que pide la apertura de juicio oral por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, realizados por el banco a Cabieces.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Bizkaia ha solicitado una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal y falsedad en documento mercantil o, alternativamente, tres años de cárcel, para cada uno de ellos, por un delito continuado de apropiación indebida con falsedad en documento mercantil.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Bilbao, la acusación popular ha reclamado que, quienes "ejecutaron e instigaron los delitos, paguen por ellos" y, en este sentido, han apuntado que, aunque Mario Fernández, Rafael Alcorta y Miguel Ángel Cabieces "son los autores materiales", hay "una más que evidente responsabilidad política de los partidos que han realizado la liquidación de las cajas vascas, PNV, PP y PSE-EE a la hora de pactar la compra de voluntades y tratos de favor como el que nos ocupa".

Por ello, ha exigido que, quienes "tomaron y pactaron la decisión política, asuman sus responsabilidades, reconozcan que han sido parte imprescindible para la comisión de los delitos que se imputan a Mario Fernández, Rafael Alcorta y Mikel Cabieces y asuman las consecuencias".

A juicio de la acusación popular, los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del código penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículo 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.

Tanto para Cabieces como para Alcorta, solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno de ellos, se le piden 36.000 euros.

(Habrá ampliación)

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