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Afectadas vizcaínas por fibromialgia y fatiga crónica reclaman “acceso al trabajo” y prestaciones “justas”

Afectadas vizcaínas por fibromialgia y fatiga crónica reclaman "acceso al trabajo" y prestaciones "justas"

EUROPA PRESS

BILBAO —

La asociación Eman Eskua, de afectadas por la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica en Bizkaia, han reivindicado el “acceso al trabajo” por parte de los enfermos, mediante la adaptación de los puestos o fórmulas de inserción laboral. Asimismo, han exigido “prestaciones sociales justas” cuando la gravedad de la enfermedad no permita trabajar.

Con motivo de la conmemoración este martes del Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, las portavoces de Eman Eskua, Antonia Gamero y Pilar Pascual, han dado lectura al manifiesto que anualmente elabora la Fundación de Fibromialgia de Barcelona con la colaboración de las asociaciones conveniadas en todas las comunidades autónomas.

La asociación vizcaína volverá a realizar la lectura del manifiesto este domingo, jornada en la que instalará mesas informativas para dar a conocer esta enfermedad en la capital vizcaína, en la confluencia entre las calles Navarra y Bailén. Para ello, contará con la colaboración de la escritora Toti Martínez de Lezea y la periodista Iratxe Celis.

En esa jornada, también recogerán firmas entre la ciudadanía para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que está promoviendo la asociación madrileña FM Unión y Fuerza y que recoge las principales reivindicaciones de las asociaciones.

Las responsables de Eman Eskua han explicado que, aunque no existen estudios epidemiológicos sobre su incidencia en Euskadi, se estima que la fibromialgia afecta a entre un 2 y un 4% de la población, lo que supone unas 30.000 personas en Bizkaia, de las que el 90% son mujeres. El síndrome de fatiga crónica, por su parte, se calcula que afecta a entre un 0,7 y un 1% de la población, lo que representa unas 12.000 personas en Bizkaia, de las que el 85% serían mujeres de entre 20 y 40 años.

Gamero y Pascual han denunciado que “se ha avanzado muy poquito” durante los últimos años, de manera que las personas afectadas por fibromialgia y síndrome de fatiga crónica se ven obligados a “pasar por un motón de médicos” hasta que se les diagnostica la enfermedad.

Por ello, entre las reivindicaciones de los enfermos este 12 de mayo, se encuentra impulsar la investigación para lograr “un mejor diagnóstico, tratamientos y detección precoz”, además de mejorar la atención sanitaria y establecer protocolos unificados que garanticen “la igualdad en la calidad y la accesibilidad a los recursos y servicios del sistema público de salud”.

Asimismo, reclaman el reconocimiento de la enfermedad por parte de profesionales, instituciones, agentes sociales y sociedad en general. Según recoge el Manifiesto del Día Internacional, “la incomprensión” continúa siendo la principal causa de que sean “enfermos de segunda”.

También incluye la demanda de “acceso al trabajo” para los afectados, mediante la adaptación de los puestos de trabajo o mediante nuevas fórmulas de inserción social“. Además, se exige que, ”cuando la gravedad de la enfermedad no permita trabajar“, cuenten con ”las justas prestaciones sociales“.

“Ya ha pasado el tiempo de las excusas, es la hora del respeto, de la solidaridad y del cumplimiento de la ley para que todos los enfermos seamos tratados como ciudadanos de pleno derechos”, concluye el manifiesto de este año.

“PELEAR” EN LOS JUZGADOS

En este sentido, las portavoces de Eman Eskua han denunciado que los enfermos se ven obligados a “pelear” en los juzgados sus derechos ya que existen, según recoge la ILP que están impulsando las asociaciones, “una infinidad de trabas burocráticas” para conseguir el reconocimiento de un grado de minusvalía, solicitar ayudas a la dependencia o al solicitar prestaciones derivadas de los distintos grados de incapacidad permanente y, en su caso, de lesiones permanentes no invalidantes“.

“En todo el Estado, los procedimiento para la concesión de estas ayudas y prestaciones se dilatan injustificadamente, la normativa no se cumple o simplemente hace imposible en la práctica su reconocimiento”, manifiesta.

En el caso de las incapacidades permanentes, añade, las autoridades competentes “deniegan sistemáticamente las reclamaciones” de los enfermos, que se ven obligados a recurrir a la administración de justicia para que les sean reconocidos sus derechos, en caso de que “tengan recursos” económicos para hacerlo.

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