Amnistía Internacional sobre el conflicto vasco: “O lees la página de lo ocurrido, o nunca pasas página”

Amnistía Internacional ha propuesto a instituciones y partidos políticos que acuerden “una agenda común de derechos humanos” para el País Vasco, que, primero, sea “asumida y compartida” en el ámbito de Euskadi, y que después lo sea por el Gobierno central. Esa agenda debe “garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados”.

Amnistía Internacional ha presentado en Bilbao el informe ‘Afrontar el pasado para construir el futuro: verdad, justicia y reparación en el contexto del País Vasco’, con la participación del director adjunto de Campañas para Europa, Amnesty International, Fotis Filippou, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, y el coordinador de Amnistía Internacional en Euskadi, Iñaki Hernando. También han participado en la presentación Axun Lasa, víctima de tortura y hermana de Joxe Antonio Lasa, asesinado por los GAL, y Mari Carmen Hernández, viuda del concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA en el año 2000.

Esteban Beltrán ha explicado que el informe contiene “una investigación de lo que queda por hacer en materia de verdad, justicia y reparación en el País Vasco, después de tanto años de sufrimiento, y violaciones y abusos gravísimos de derechos humanos”.

Según ha destacado, lo “importante” de este informe es que contiene “una agenda común de derechos humanos para el País Vasco, que compartan los partidos políticos vascos, las autoridades vascas, y, después, el Gobierno central”. Se trata de una “agenda común” basada en el derecho internacional de los Derechos Humanos, que “indica lo que marca la experiencia en verdad, justicia y reparación en muchos países, y lo que, en nuestra opinión, debería hacerse si se quiere pasar página a lo ocurrido en el País Vasco durante 40 años. O lees la página de lo ocurrido, o nunca pasas página”.

Beltrán ha considerado necesaria esta agenda común de derechos humanos porque “queda mucho por hacer en materia de verdad, justicia y reparación”. Así, entre otras cuestiones ha señalado que “no todas las víctimas de ETA han tenido una investigación de sus casos”, que “una buena parte de los atentados del GAL y de otros grupos armados han quedado en la impunidad”, y que “se ha negado compensación y reparación a varias víctimas del GAL por su supuesta pertenencia a ETA sin que haya habido sentencia judicial”.

Tortura a gran escala

En relación a las víctimas de la tortura, “que en los años 80 y 90 fue a gran escala”, Beltrán ha indicado que “no ha habido reparación”, y “tampoco hay un reconocimiento de que la tortura fue y ocurrió durante esos años en el País Vasco por parte de las autoridades”.

Beltrán ha dicho que “también la legislación antiterrorista que, en principio fue excepcional, dura 40 años y sigue siendo excepcional”, y, además, ha considerado necesario acabar con la política de dispersión de presos porque “viola normas internacionales de derechos humanos que indican que debe estudiarse individualmente cada petición de los presos para poder estar cerca de sus familias y de su entorno social”.

Ante esta situación “de lo que queda”, Amnistía Internacional ha elaborado una agenda con seis puntos“, que en el plazo de dos semanas será presentada al Gobierno central para ver ”hasta qué punto se puede construir en común entre las dos autoridades para avanzar en derechos humanos“.

Según Beltrán, pretenden que sea una agenda común de derechos humanos que, en primer lugar, “garantice por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español”, e “investigue judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer”.

El segundo punto pide “asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos, y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista”

En tercer lugar, la agenda plantea “garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente”, y, para ello, propone realizar “una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación, tanto a nivel de Gobierno vasco como central, para graves violaciones de derechos humanos”. Según ha dicho, “existe una oportunidad” de poner en marcha este mecanismo con la puesta en marcha de una nueva Ley de Policía.

El cuarto punto propone “continuar avanzando en las iniciativas que ya están en marcha en el País Vasco sobre la sistematización de toda la información disponible de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años”, así como que el Gobierno central también “recoja datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos”.

Otro apartado de la agenda es “revisar la legislación antiterrorista para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos, y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas”.

Por último, se recoge en el documento “garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten, según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Por su parte, el director adjunto de Campañas para Europa, Fotis Filippou, ha señalado que, “después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas o continuar sin hacerlo”. Además, ha dicho que, “en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo en Europa, España debe revisar esta legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos”.

Víctimas

Mari Carmen Hernández ha dicho que las experiencias compartidas con otras víctimas le ha permitido “tomar conciencia de lo injusto e injustificable de todo el sufrimiento padecido por todas las partes” y ha afirmado que “todas las víctimas seamos del signo que sea tenemos el mismo derecho a que se haga justicia a la verdad, memoria, reconocimiento y reparación”, a la vez que ha pedido a los políticos que “nadie justifique la violencia pasada, aunque sea veladamente, y asuman su propia responsabilidad” porque “es necesaria la autocrítica de quienes justificaron la violencia y el terrorismo si queremos llegar a la verdadera convivencia”.

Por su parte, Asun Lasa ha explicado que, en su caso, la familia tuvo “el reconocimiento social”, pero “sentimos el desprecio de las instituciones” en el hecho de que “no se reconociera la tortura”. Tras conocer a otras víctimas, ha dicho que “se creó un momento de empatía y de poder tener acceso al conocimiento del dolor de las otras personas, y ese dolor es el que te une y te hace recuperar la fuerza para hacer frente a lo ocurrido y seguir adelante”.

“Solo hay una víctima, y quien es capaz de entender a una víctima es capaz de entender a todos, y la memoria la tenemos que recomponer lo que hemos sufrido, porque sabemos que ese dolor es igual para unos y para otros”, ha afirmado, para apostar por “el camino de la empatía”