El Estado acota el alcance de las transferencias que demanda el Gobierno vasco

2018 se antoja un año clave para que el Estado inicie las conversaciones instadas por el Gobierno vasco con el ánimo de negociar las 37 competencias del Estatuto de 1979 pendientes de asumir por parte de la Administración autonómica, según una cuantificación realizada por la parte vasca en un reciente informe. Sin embargo, en la primera comparecencia del año, el delegado del Gobierno central en Euskadi, Javier de Andrés, ha querido acotar el terreno de juego y ha explicado que en ese listado de 37 transferencias hay exigencias inasumibles para el Estado, tales como la cesión de infraestructuras de “interés general” o la Meteorología. En lo tocante a las materias fijadas como “prioritarias” por su simbolismo, Seguridad Social y Prisiones, De Andrés también ha limitado su alcance: ha señalado que en el primer caso hay sentencias del Tribunal Constitucional que acotan la posible transferencia de la Seguridad Social a que no se acabe con la unidad de caja del sistema actual y que, en el segundo, hay poco que ceder dado que Euskadi ya ha asumido servicios de seguridad, educación o sanidad en las cárceles.

De Andrés -a pesar de que padece una lesión similar a la de Gareth Bale- ha comparecido este martes en Vitoria para realizar un balance de su primer año como representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Euskadi, doce meses de intensa actividad con “595 actos” y 28.000 kilómetros recorridos en los que el que fuera diputado general de Álava entre 2011 a 2015 ha querido hacer visible la actividad diaria del Estado al servicio de los vascos, un objetivo que siente que ha logrado. De Andrés ha destacado también que la ausencia de mayorías absolutas tanto en Madrid como en Vitoria ha permitido engrasar las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma. El dirigente del PP ha apuntado a la “naturalidad” con la que se trabaja con el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE -y también con ayuntamientos de todo signo político- e incluso ha destacado la “disposición positiva” del lehendakari, Iñigo Urkullu, a la colaboración interinstitucional.

En este sentido, De Andrés entiende que cuando el escenario catalán se normalice se podrán “encauzar” también las prometidas conversaciones entre Gobiernos para negociar las 37 transferencias pendientes. El delegado aprecia margen para el acuerdo en algunas materias, aunque con matices. Ha querido incidir, por ejemplo, en que los casi 40 años de retraso en el desarrollo del Estatuto no son responsabilidad exclusiva del Estado, como entiende el nacionalismo. Según De Andrés, si siguen pendientes “buena parte de las materias” es “porque hay discrepancias importantes en su alcance”.

En este sentido, De Andrés ha recordado al Gobierno vasco que nunca asumirá la gestión de aeropuertos, puertos o ferrocarriles si éstos forman parte de las redes de “interés general”, como ocurre con Loiu, Foronda o los puertos de Bilbao o Pasaia. También ha dejado claro que otras materias como la Meteorología -en Euskadi operan Aemet y Euskalmet- son servicios que a los que el Estado no va a renunciar porque son necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Del listado de 37 materias que identifica el Gobierno vasco como pendientes dos han recibido la etiqueta de “prioritarias”, Seguridad Social y Prisiones. Respecto a la primera, nunca cedida a una comunidad autónoma, el Estatuto concede a Euskadi la potestad de gestionar el “régimen económico” de la Seguridad Social, aunque sin romper la denominada 'caja única' por la cual todas las cotizaciones de los españoles van a la misma hucha, de donde salen las pensiones y prestaciones. De Andrés ha agradecido que el Gobierno vasco haya rebajado sus reivindicaciones y se limite a reclamar esa previsión estatutaria, porque -ha enfatizado- la jurisprudencia constitucional es clara al respecto. Además, ha apostillado que el sistema único permite cubrir una deuda de “3.000 millones” entre el dinero aportado por los cotizantes vascos y las prestaciones recibidas, las más elevadas de España. En estos parámetros, la única transferencia posible sería la de edificios y funcionarios, que atienden a 70.000 personas cada mes.

En cuanto a Prisiones, una materia sólo transferida a Cataluña, De Andrés ha afirmado que “en buena medida” ya está en manos del Gobierno vasco, aunque los tres centros penitenciarios y todo el personal dependen del Estado. El delegado ha indicado que el Gobierno vasco ya presta servicios de seguridad (externa y traslados de presos, a través de la Ertzaintza), de educación y de sanidad en las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene. Ha añadido también que la “experiencia” de la cesión a Catalunya de esta competencia debe servir también para interpretar en qué términos se podría ceder a Euskadi. Además, ha indicado que “el servicio ya se presta adecuadamente” de manera centralizada. En ningún caso, eso sí, otorgaría poderes para modificar la política penitenciaria o las normas penales, materias reservadas al Gobierno central.

De Andrés también ha agradecido que el Gobierno de Urkullu haya aparcado en cierta medida su reivindicación de un ajuste en el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi, que el nacionalismo interpretaba como excesivo tras el final de la actividad de ETA. El delegado, que ha vinculado esta petición de repliegue a las exigencias de ETA, ha recordado que Guardia Civil y Policía Nacional son cuerpos “del Estado”, por lo que es éste quien los gestiona de manera autónoma. Ha enumerado también sus “importantes” competencias en Euskadi y ha destacado que en la comunidad están ubicados no sólo los agentes que trabajan en suelo vasco, sino unidades de elite como el GAR o la UIP que operan también en otras zonas.

El representante del Gobierno ha destacado también que el final de ETA ha permitido que el Estado pueda mostrar en Euskadi que presta otros servicios más allá de los policiales. Según los datos de 2017, 10.000 personas cada día entran en contacto con las distintas ventanillas de los organismos centrales, sin contar los usuarios de los medios de transporte. “Aunque España tiene un grado de descentralización muy amplio, existen vínculos muy estrechos e importantes con el Estado”, ha destacado para reivindicar el papel de la Administración general en el País Vasco.