Ararteko alerta de que algunos ayuntamientos no ofrecen los servicios sociales que deben garantizar por Ley

El Ararteko ha alertado sobre la “desigualdad” que existe en el nivel de servicios sociales que prestan los ayuntamientos vascos, y ha asegurado que algunos de los cuales no llegan a “cumplir” con la obligación legal de ofrecer determinados recursos a los ciudadanos con derecho a ello.

El Defensor del Pueblo vasco-Ararteko, Manu Lezertua, ha presentado este miércoles, en Vitoria, un informe sobre la situación de los servicios sociales municipales en Euskadi, que cubren necesidades como la ayuda a domicilio, intervención socioeducativa y psicosocial, apoyo a cuidadores, o atención de día y residencial.

Lezertua ha expresado su “preocupación” por el hecho de que en el acceso a determinados servicios sociales que deben ser prestados por los ayuntamientos se produce una falta de “igualdad” entre unos municipios y otros.

Esta situación, según ha dicho, lleva a que mientras que unos ayuntamientos “cumplen” con su obligación de ofrecer estos recursos sociales a los ciudadanos, en otros “no existen” estas prestaciones, y sus responsables ni siquiera conocen que tienen la “obligación” de ponerlas a disposición de las personas que tienen derecho a ello.

“DIFICULTADES”

El Ararteko ha alertado de las “importantes diferencias” que existen entre unos y otros ayuntamientos a la hora de cubrir la demanda de prestaciones sociales. Las “dificultades”, según ha explicado, afectan de forma especial a los municipios pequeños y medianos.

El Defensor del Pueblo vasco ha planteado la necesidad de adoptar medidas para “paliar la desigualdad” en el acceso a estos recursos. Además, ha afirmado que los mecanismos de coordinación intermunicipal que existen en Navarra o Cataluña pueden servir como ejemplo para mejorar la situación en Euskadi.

También se ha mostrado “preocupado” por la situación de los trabajadores sociales, de los que ha destacado que deben hacer frente a una labor “muy exigente”. Pese a ello, ha lamentado que la dotación presupuestaria para el personal dedicado a esta tarea “no constituye una prioridad” para las administraciones públicas.

Lezertua ha asegurado que el sistema de financiación de los servicios sociales municipales “se ha cerrado en falso”, y ha cuestionado la eficacia del actual diseño del fondo específico creado con este objetivo.

RECOMENDACIONES

El informe del Ararteko plantea la necesidad de “dotar de contenido a los elementos nucleares” de la Ley de Servicios Sociales, en concreto, al derecho subjetivo a los servicios sociales, al modelo comunitario y al principio de continuidad de la atención.

Además, reclama un “esfuerzo sostenido en el tiempo” para el despliegue total de un sistema de servicios sociales universal “más allá de 2020”, fecha contemplada en el actual Plan Estratégico.

Un segundo grupo de recomendaciones atiende al trabajo de intervención social en las áreas y departamentos municipales de servicios sociales. El Defensor del Pueblo solicita el reconocimiento “desde los niveles de responsabilidad política y técnica”, de la importancia del trabajo social y su incidencia, no solo en el bienestar individual, sino también “en la cohesión social y en el caudal económico y cultural”.

También pide mejoras que garanticen la atención a la persona en su “proceso vital”, sin interrupciones o dilaciones; y en el impulso de la participación de los ciudadanos y las organizaciones que los representan. Como condición necesaria para ello, se apunta a la configuración de 'equipos multidisciplinar', así como al desarrollo de modelos comunes de intervención.

REFLEXIÓN

El Defensor del Pueblo propone impulsar el trabajo comunitario y preventivo, así como una reflexión en profundidad sobre el uso de las prestaciones económicas concedidas en sustitución de la provisión directa de servicios.

Por otra parte, recomienda promover la colaboración intermunicipal para hacer frente a “la complejidad inherente al desarrollo de servicios de responsabilidad municipal y ámbito territorial supramunicipal”.

Asimismo, solicita que se habilite en los presupuestos municipales los recursos económicos necesarios para la prestación de los servicios sociales de competencia municipal. El Ararteko propone medidas para la mejora en la coordinación con los sistemas de garantía de ingresos, sanidad y educación.