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Barrika evita iniciar el desalojo de los 14 chalés ilegales

El pleno municipal del ayuntamiento vizcaíno se suspendió cuando iba a debatir el requerimiento para que salgan sus residentes y se suspendan los servicios básicos.

Al tratarse de un uso ilegal, los concejales están obligados a aprobar el desalojo porque, en caso contrario, cometerían un delito de prevaricación.

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El Ayuntamiento de Barrika ha retrasado exigir el desalojo de los residentes, desde hace una década, en 14 chalés ilegales de este municipio vizcaíno. El pleno municipal del pasado lunes, que iba a tratar este asunto, lo dejó sobre la mesa tras la petición de uno de los ediles, el ex alcalde Juan José Ezpeleta, bajo cuyo mandato se produjeron las irregularidades.

Hasta tres sentencias judiciales, la última del Tribunal Supremo en 2009, calificaron como nula la recalificación del suelo donde están los chalets (conocido como Barrikabaso) que se hizo hace 16 años. El ayuntamiento cambió el uso de no urbanizable de especial protección paisajística a urbanizable. Pero los jueces la anularon porque "no cabe duda" del interés paisajístico de la zona y que estos intereses "se sacrificaban para implantar viviendas de baja intensidad". Los fallos judiciales calificaron de "arbitraria" y de "desviación de poder" la modificación urbanística del suelo. Con esta sentencia se podían derribar las edificaciones pero el grupo ecologista Txipio Bai, el que presentó la denuncia, buscó un acuerdo que evitase nuevas urbanizaciones manteniendo los chalets para no perjudicar a los residentes.

El pacto parecía que iba a producirse y las negociaciones se han sucedidos a lo largo de tres años y medio. Pero la Diputación de Vizcaya propuso, en un documento en enero, que el área se recalificara de nuevo con el uso de urbana. Ante ello los ecologistas han decidido exigir que se desaloje a sus residentes y se suspendan los suministros de agua o electricidad. "Es una ocupación clandestina", señalan en un requerimiento enviado en julio al alcalde José Madariaga (PNV), ya que incumplen la ley vasca de Suelo y el planeamiento municipal, al carecer de licencia de ocupación. Varios propietarios residen en los chalés desde hace siete años.

El asunto estaba en el orden del día del pleno celebrado en la tarde-noche del lunes. Y el Ayuntamiento está obligado a aprobar el desalojo y la suspensión de los servicios básicos a las viviendas, ya que en caso contrario, a tratarse de viviendas en situación de ilegalidad, los concejales que no lo hicieran estarían cometiendo un delito de prevaricación. Pero como se acercaba ya la medianoche, el alcalde suspendió el pleno cuando iba a debatirse el requerimiento de los ecologistas. Así, si no se convoca una sesión extraordinaria, la orden municipal de desalojo puede demorarse otros dos o tres meses, hasta la celebración del siguiente pleno.

Entre los integrantes de Txipio Bai, que eluden realizar comentarios sobre el asunto a la espera de tener una respuesta de la Diputación, existe la sensación de que se ha buscado demorar la resolución del conflicto. Han pasado ya cuatro años desde la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales los 14 chalés y las negociaciones (en las que han intervenido altos cargos del PNV y de la Diputación, la institución que ha validado las recalificaciones anuladas) para buscar una salida se iniciaron hace tres años y medio, sin acuerdo hasta ahora.

Ninguno de los 14 chalés cuenta con licencia de uso y primera ocupación, pese a que el Ayuntamiento especificó en los permisos de obras que "no podrá utilizarse el edificio para ningún uso" sin la autorización de ocupación. El expediente de este proyecto, que el Ayuntamiento se resistió a facilitar hace cuatro años, ha permitido conocer que el Ayuntamiento concedió las licencias de obras después del primer fallo del Tribunal Superior vasco que anuló la recalificación, en 2001. Además, según los datos proporcionadas por los ecologistas, al menos 10 de los propietarios conocían que el asunto estaba en los tribunales.

Barrikabaso, al lado de los acantilados del municipio vizcaíno de Barrika, es un caramelo urbanístico. Los intentos de edificar se remontan a 23 años atrás y todas las tentativas se asocian a la familia Lezama-Leguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso y que siempre ha figurado como promotora de los diferentes planes urbanísticos. En principio, querían impulsar un macroproyecto con 349 chalés, un hotel y un campo de golf.

 

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