El CES considera adecuado el anteproyecto de Ley de Fundaciones del País Vasco

El Consejo Económico y Social (CES) vasco considera adecuada la tramitación del “Anteproyecto de Ley de Fundaciones del País Vasco”, presentado por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco, y emite, asimismo, algunas consideraciones sobre esta norma.

Según ha informado el CES, la iniciativa legislativa consultada tiene como objetivo actualizar la normativa sobre la materia, aprobada hace 20 años, e integrar en una única norma las adaptaciones habidas en esas dos décadas, entre estas, las adaptaciones a las directivas europeas de la conocida como Ley Ómnibus.

El CES recuerda que los modelos de fundaciones han variado sustancialmente en estos años y que, actualmente, tienen fines y estructuras muy diversos y complejos, lo que aconseja una normativa más acorde con la realidad actual.

En opinión del CES, la nueva Ley de Fundaciones -que pretende simplificar los procedimientos administrativos y eliminar los trámites superfluos-, es una norma necesaria, que va a aportar seguridad jurídica, tanto a la Administración Pública como a las fundaciones y a la ciudadanía en general.

PERSONAL DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS

Junto a esta valoración positiva, el CES realiza una serie de consideraciones al texto del anteproyecto, entre las que destaca la advertencia sobre posibles inseguridades jurídicas en el caso de las fundaciones que realizan su actividad principal fuera de la CAPV.

También considera que el anteproyecto “peca de una excesiva incidencia en las funciones de control y fiscalización que el Protectorado debe ejercer sobre las fundaciones” y cree que la norma debería ser aprovechada para aclarar el régimen jurídico de las fundaciones del sector público; en concreto, el régimen de su personal, cuya selección debería realizarse “acorde a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y mediante publicidad en las convocatorias”.

Por otra parte, el CES entiende que esta iniciativa legislativa incidirá económicamente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma (aunque el anteproyecto descarta este extremo), ya que el Gobierno vasco deberá ejercer el Protectorado y la llevanza del Registro y prevé crear un Consejo Vasco de Fundaciones, como órgano colegiado con carácter consultivo y de asesoramiento de la Administración Pública.

El CES muestra su desacuerdo con la creación de este Consejo y aboga por “evitar la proliferación de órganos administrativos consultivos, puesto que generan un coste y a menudo son de muy difícil justificación cuando ya existen asociaciones con capacidad de interlocución colectiva”.

También propone suprimir, por razones de oportunidad y de seguridad jurídica, el artículo referido a las Fundaciones Bancarias y, en su lugar, introducir una disposición adicional que remita el funcionamiento de éstas a la legislación vigente de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias y, supletoriamente, a la normativa sobre fundaciones aplicable en el País Vasco.

Por último, el CES critica el uso de un lenguaje sexista en la redacción de este anteproyecto de ley y exige que se subsanen las incorrecciones lingüísticas en ese sentido.