El Código Ético prevé cesar altos cargos con “responsabilidades políticas” por mala gestión
El Código Ético y de Conducta aprobado por el Gobierno vasco en mayo de 2013 prevé el cese de altos cargos del Ejecutivo que hayan podido incurrir en responsabilidades políticas por su gestión. Este código quiere altos cargos ejemplares e íntegros. Las normas éticas recogidas en el mismo están “dirigidas a fomentar la integridad ética y la actuación eficiente de los cargos públicos” y tiene como “finalidad” la de “promover la ejemplaridad a través de la integridad, salvaguardar la imagen de la institución, reforzar su eficiencia y garantizar que la confianza de la ciudadanía en las instituciones no sufra menoscabo alguno”, se señala expresamente.
Al menos seis de las personas señaladas en el dictamen como responsables políticos en el fiasco de Epsilon continúan como altos cargos en el Gobierno de Urkullu, entre ellas la consejera Arantza Tapia y la viceconsejera Ana Agirre.
La comisión de investigación del fiasco de Epsilon ha constatado “responsabilidades políticas” en las personas que se sentaron en dos órganos desde los que, o bien se impulsó el proyecto -el Consejo Vasco de Promoción Económica- y se dio luz verde a las subvenciones, o bien se tomaron decisiones como la cesión del rango hipotecario a dos cajas -Parque Tecnológico de Álava- que supusieron un quebranto millonario para las arcas públicas.
En concreto, el dictamen -aprobado este jueves con los votos de todos los partidos salvo el PNV- apunta a las personas que formaban parte en 2007 del Consejo Vasco de Promoción Económica y que consideraron Epsilon como un “proyecto estratégico”, abriendo así la espita de las subvenciones, avales y ayudas públicas. En la reunión del 28 de noviembre de 2007 de ese órgano se propuso al Consejo de Gobierno que presidía el lehendakari Juan José Ibarretxe “la concesión de una subvención de Fondos Estratégicos”.
El otro foro donde se señalan “responsabilidades políticas” es el Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava, entonces controlado por el PNV, y cuyos miembros tomaron la polémica decisión de ceder el rango hipotecario a dos cajas para que Epsilon obtuviera una financiación de 16 millones de euros. Sin ese aval, la empresa, que ya atravesaba problemas económicos, no lo habría obtenido. La reunión se celebró el 16 de marzo de 2009.
Y aunque no los nombra -porque PNV y PSE no apoyaron las enmiendas de UPyD y EH Bildu en la que se planteaba incorporar sus nombres y apellidos-, al menos seis de las personas señaladas en el dictamen continúan en la actualidad como altos cargos -consejeros, viceconsejeros o directores- en el Gobierno del lehendakari Urkullu. Se trata de Arantza Tapia, consejera de Desarrollo y Competitividad; Ana Agirre, viceconsejera de Justicia; Juan Miguel Bilbao, viceconsejero de Hacienda; Hernando Lacalle, director de presupuestos; Rodrigo García, director de Coordinación de Seguridad, y Alejandro López Carcamo, director de Desarrollo Industrial.
¿Y qué dice el código ético del Gobierno vasco si se detectan este tipo de responsabilidades políticas por la mala gestión de sus altos cargos? Entre las conductas exigibles a todos los altos cargos del Ejecutivo están incluidos “los comportamientos relativos a la responsabilidad por la gestión”. Y en ese capítulo (artículo 5.2.2) se señala lo siguiente: “Los cargos públicos y asimilados deberán responder por la gestión realizada, así como por las decisiones, acciones u omisiones propias de su ámbito de competencia y de sus propias funciones. Su responsabilidad podrá ser política o gerencial, según los casos, pudiendo conllevar –en aquellos supuestos previstos legalmente– una rendición de cuentas que suponga incluso el cese o el apartamiento del cargo que vinieran desempeñando. Para hacer efectiva esa responsabilidad, los cargos públicos y asimilados deberán exteriorizar y justificar en sus resoluciones, actos o en aquellas otras decisiones que adopten las razones objetivas de tales medidas, sometiéndose de ese modo a un correcto escrutinio por parte del Parlamento y de la propia ciudadanía”.
“Promover la ejemplaridad”
El código plantea, de manera genérica, que su finalidad “no es otra que promover la ejemplaridad a través de la integridad, salvaguardar la imagen de la institución, reforzar su eficiencia y garantizar que la confianza de la ciudadanía en las instituciones no sufra menoscabo alguno”, según señala en su exposición inicial. Ya en el articulado se abunda en que las normas éticas recogidas en el mismo van “dirigidas a fomentar la integridad ética y la actuación eficiente de los cargos públicos”.
Y se señala expresamente (artículo 5.2.6.): Los cargos públicos y asimilados, especialmente en los casos en los que ocupen una posición prevalente en las estructuras gubernamentales u organizativas, son el espejo de la institución en el que se mira tanto la ciudadanía como el resto de personas que trabajan en esa entidad pública, por lo que deben evitar cualquier acción u omisión que perjudique, siquiera sea mínimamente, el prestigio, la dignidad o la imagen institucional de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, evitando así minar la confianza que la ciudadanía tiene en su sistema institucional“.
Y recuerda que los efectos del código no son meramente declarativos, ya que “si se acredita un incumplimiento se activa un sistema interno de seguimiento que puede terminar con el cese de la persona en el puesto de trabajo que ocupe o, en su caso, con la formulación de recomendaciones a los órganos competentes para que se corrijan las desviaciones producidas”. Aunque también se apunta que “todas sus decisiones, resoluciones y actos estarán fundamentados en información fehaciente (informes, estudios, proyectos o dictámenes) y procurarán basarse, asimismo, en análisis objetivos de los datos que estén a su disposición en relación con el tema a dirimir”. Este argumento de que las decisiones adoptadas en el caso de Epsilon se apoyaron en informes ha sido empleado en la comisión por el PNV en descargo de esas responsabilidades políticas constatadas.
Al menos seis de todas esas personas a las que se les atribuyen “responsabilidades políticas” sin enumerarlas son en la actualidad altos cargos del Gobierno que preside el lehendakari, Íñigo Urkullu: Arantza Tapia, consejera de Desarrollo y Competitividad; Ana Agirre, viceconsejera de Justicia; Juan Miguel Bilbao, viceconsejero de Hacienda; Hernando Lacalle, director de presupuestos; Rodrigo García, director de Coordinación de Seguridad, y Alejandro López Carcamo, director de Desarrollo Industrial.
El representante de UPyD, Gorka Maneiro, considera que todos ellos “deberían dimitir de manera inminente” y EH Bildu, a través de su parlamentario en la comisión Igor López de Munain, cree que todos ellos “deberían estar mañana mismo en la calle y no en el Gobierno vasco, por respeto a la ciudadanía” y pidió para ellos la aplicación del código ético. Ni PP, ni PSE, ni el PNV han seguido esa estela. Los socialistas creen que ahora debe ser el Ejecutivo vasco el que lea el dictamen “con el lapiz en la mano y debe tomar su decisión. Es cosa suya”, respondió ayer al ser preguntado por las dimisiones exigidas por UPyD y la coalición soberanista.
