La Diputación de Bizkaia cree que la multa es “desproporcionada” y no tiene en cuenta “la incertidumbre económica”

La Diputación foral de Bizkaia ha considerado “excesiva y desproporcionada” la multa propuesta por la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las denominadas 'vacaciones fiscales', en la que no se ha tenido en cuenta “la situación de crisis e incertidumbre económica para las empresas en el momento en que se concedieron los incentivos ni en la actualidad”.

En un comunicado, la Diputación vizcaína se ha pronunciado de este modo en relación a la recomendación de la abogada general del TJUE, Eleanor Sharpston, de que se imponga a España una multa de 50 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas concedidas a empresas a través del sistema de 'vacaciones fiscales' vascas.

La Diputación no “comparte” las conclusiones emitidas de Sharpston en el caso de la recuperación de los incentivos fiscales vascos de los años 1996 y 1997, derogados en el año 2000, y declarados ilegales en 2001.

En cualquier caso, ha planteado que estas conclusiones deben recibirse “con prudencia” ya que los dictámenes de los abogados generales son “una opinión muy autorizada sobre la interpretación y aplicación del derecho comunitario”, pero la decisión vinculante “debe venir de la sentencia definitiva que pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” en los próximos meses.

A su entender, la sanción propuesta es “excesiva y desproporcionada”, teniendo en cuenta que las ayudas concedidas a las empresas vizcaínas “ya han sido recuperadas en su totalidad, incluso con los términos más estrictos exigidos por la Comisión Europea, tal y como ha reconocido la propia Comisión”.

Según ha explicado, la abogada general fija que las cantidades recuperables, por las que establece la propuesta de multa, eran de 322,3 millones de euros en total, con 212,4 millones de euros correspondientes a la Diputación alavesa (65,89% del total), con 68,7 millones correspondientes a la Diputación vizcaína (21,31%) y 41,2 millones a la Diputación guipuzcoana (12,80%).

La Diputación de Bizkaia considera que “estas cantidades deberían tenerse en cuenta a la hora de un hipotético pago de la multa entre las administraciones vascas si el TJUE mantiene en su sentencia los criterios de la Abogada General”.

POSICIÓN JUSTIFICADA

Asimismo, ha afirmado que no comparte los criterios por los que se ha decantado Sharpston, ya que “ella misma reconoce en sus conclusiones que la posición de las autoridades forales se encontraba justificada”.

La institución foral ha recordado que el asunto afecta a seis decisiones de la Comisión Europea, dos por cada territorio histórico, y que “las causas del incumplimiento en la fecha de referencia no son las mismas” en los tres territorios.