EH Bildu y PNV se juegan Gipuzkoa en la carretera

Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación de Gipuzkoa gobernada por EH Bildu, se ha convertido en el látigo del PNV en este territorio en los últimos meses. Ella ha sido la imagen de la Diputación al anunciar las querellas por malversación de fondos públicos de hasta 30,7 millones de euros en los trabajos de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria). Las denuncias afectan directamente al PNV, que era el que dirigía la Diputación en la anterior legislatura y, por lo tanto, mandaba sobre Bidegi, la empresa que gestiona las carreteras del territorio. Las acusaciones incomodan profundamente a los jeltzales y justo en el peor momento, cuando se juegan las elecciones y las encuestas dan una pugna cerrada entre EH Bildu y el PNV por la primacía en Gipuzkoa.

Incluso el PP, un aliado cuando se trata de descabalgar a EH Bildu de cualquier espacio de poder, ya se ha apresurado a advertir al PNV que no cuente con su ayuda para auparle al sillón foral si mantiene como candidato a diputado general a Markel Olano, principal señalado políticamente por el ‘caso Bidegi’. El PNV siempre ha presumido de su gestión como un ejemplo ético de hacer política, pero la realidad es que asuntos como el de Bidegi le complican la vida. Un malestar que, día tras día, se encarga de agrandar la izquierda abertzale en su beneficio y en un intento de que el pulso electoral caiga de su lado, haciendo olvidar a los guipuzcoanos la polémica sobre las basuras, el controvertido sistema puerta a puerta y la incineradora. Por eso, buena parte de la batalla electoral en el territorio guipuzcoano se libra en el asfalto de la AP-1.

Markel Olano y Eneko Goia, los candidatos del PNV a la Diputación y al Ayuntamiento de San Sebastián respectivamente, son las piezas que busca EH Bildu. Olano fue presidente de Bidegi (en su condición de exdiputado general) y Goia ejerció de diputado de Infraestructuras Viarias cuando se dieron los hechos que ahora se están investigando. Los últimos cálculos de la Diputación de Gipuzkoa estiman que el fraude en la construcción de la AP-1 por trabajos no realizados podría ascender ya a más de 30 millones de euros. De esta cantidad, 8,3 millones corresponden a obras no ejecutadas en el túnel de Isuskitza en relación al hormigón y fibra de acero proyectada; 8,8 se refieren a obras que ya habían sido pagadas con anterioridad por Álava, y 13,6 millones corresponden a trabajos no realizados en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte en relación a movimientos de tierras.

Comisión de investigación

Comisión de investigaciónA los reproches de la Diputación se han sumado los de las Juntas Generales de Gipuzkoa. La comisión de investigación creada de manera ‘express’ en las Juntas sobre el ‘caso Bidegi’ en el pasado mes de febrero ya resultó todo un anticipo de la campaña electoral. En esa ocasión, las elecciones locales estuvieron en boca de todos. Juan Carlos Cano, portavoz del PP en las Juntas guipuzcoanas, resultó muy gráfico cuando destacó que “las acusaciones entre Bildu y el PNV a lo largo de estos cuatro años sobre la gestión de las carreteras, bien pueden resumir la legislatura”.

Los trabajos de la comisión culminaron responsabilizando políticamente a Markel Olano y a Goia. Según el PNV, todo es una maniobra electoral y se defiende de la denuncia tachándola de “falsa”. A la vez, tilda de “irresponsable” a EH Bildu y al PP, quienes en su momento sumaron mayoría para aprobar las conclusiones redactadas conjuntamente en la comisión de investigación. Según el PNV, esas conclusiones recogen “de forma intencionada” información falsa que apunta a que no hubo arbitraje en la liquidación de la obra, cuando “sí lo hubo y hay documentación en la sociedad foral Bidegi que lo acredita”.

“El ‘caso Bidegi’ se ha convertido en un gran contratiempo político para los candidatos del PNV”, señalan desde PSE y PP. “Olano, que busca el liderazgo de su partido en el territorio, se encuentra ahora en una posición complicada, con EH Bildu dispuesto a sacar tajada”.

Desde que EH Bildu hizo la primera denuncia, poco después de acceder a la Diputación hace cuatro años, el ‘caso Bidegi’ se ha convertido en algo recurrente. Poco  antes de que Larraitz Ugarte anunciara una nueva querella criminal, el presidente del PNV guipuzcoano, Joseba Egibar, acusó al Gobierno foral de EH Bildu de actuar como la Stasi alemana (el servicio de inteligencia de la antigua República Democrática Alemana) por su afán por “destruir al contrincante” electoral en este territorio. Ugarte replicó a Egibar preguntándole si “el juez [que investiga el caso] también es la Stasi”.

Los ciudadanos dirán en las urnas si el ‘caso Bidegi’ le pasa factura o no al PNV en el territorio guipuzcoano, donde las encuestas apuntan a un mano a mano con EH Bildu. En un escenario sin mayoría por parte de ninguno de los dos partidos nacionalistas y con el PP anunciando que no apoyará a Olano, las opciones de los jeltzales pasan por un pacto con el PSE, con la incógnita de saber con qué fuerza irrumpirán las nuevas fuerzas políticas de Podemos y Ciudadanos.