Los soberanistas quieren forzar al Gobierno central a reconocer la capacidad de decisión de Euskadi
La coalición EH Bildu ha presentado su proyecto de Ley de Consultas -oficialmente Ley para el empoderamiento de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa- en el que se apunta que el Estado deberá reconocer la “capacidad de decisión que le corresponde como pueblo” al País Vasco, “argumentando para ello, que es de obligado cumplimiento democrático” y “por las vías que fueran necesarias”, según se precisa en su disposición adicional primera.
A través de esta ley, la coalición soberanista pretende que los vascos puedan pronunciarse y decidir su futuro por encima de las “imposiciones” y de “negativa del Estado español”, según ha señalado el portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz. Al ser preguntado respecto a qué ocurriría si las instituciones del Estado suspenden esta ley o los efectos que puedan derivarse de ella, Arraiz ha advertido de que “vamos a obedecer únicamente al mandato que nos dé la ciudadanía vasca” y espera convertir el parlamento en una asamblea soberana y nacional“.
En la disposición adicional segunda del texto, registrado esta mañana en la Cámara vasca por el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu Hasier Arraiz, junto a otros representantes de la coalición soberanista, se explica también la relación que puede abrirse a partir de la aprobación de la ley entre Navarra y Euskadi. En concreto, se apunta que “en la medida que el derecho a decididir es la actualización de los derechos históricos del pueblo vasco, a la hora de obtener y materializar esa competencia, la Comunidad Autónoma [vasca] y la Comunida foral [de Navarra], si así lo decidiese la ciudadanía de cada uno de esos ámbitos, actuarían conjuntamente, alcanzado para ello los acuerdos que fueran necesarios”.
En el propio preámbulo de la ley se circunscribe a los tres territorios que conforman el País Vasco el ejercicio “del derecho a decidir libre y democráticamente su ámbito de organización y relaciones políticas, como expresión de la nación vasca, y constituidos como comunidad política”, ya que “quieren ser dueños de su futuro político”. Pero los impulsores de esta iniciativa legal señalan que ese proceso se realizará en “una vía de confluencia progresiva con el resto de territorios vascos, sin más límite que la voluntad libre y democráticamente expresada de sus respectivas ciudadanías”, en alusión a Navara y el País Vasco francés, territorios que no cita expresamente.
EH Bildu señala que esta ley es una “vía para que la sociedad vasca tenga capacidad para decidir cuestiones políticas, sociales y económicas de gran trascendencia” y apunta además que “la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía debe ser la única vía para determinar todos los aspectos de la vida política de la Comunidad Autónoma Vasca”.
La ley prevé consultas populares en los tres ámbitos territoriales -comunidad autónoma, los territorios forales y los municipios vascos- y pueden ser de carácter general o sectorial. En ellas, previo registro, podrán participar los ciudadanos empadronados en Euskadi mayores de 16 años, incluyendo a los residentes en el extranjero, que deberán solicitar previamente la inscripción en el registro creado al efecto“.
“No obedecemos a Madrid”
El registro de participación en consultas populares estará integrado por los datos del registro de población de la CAV y por los registros de los ciudadanos en el exterior. Y será el encargado de “elaborar la lista de personas llamadas a participar de acuerdo con la que establezca el decreto de convocatoria” en función del ámbito de la consulta. La ley precisa que ese registro “no puede incluir ningún dato relativo a la ideología, las creencias, la religión, la etnia, la salud, ni la orientación sexual de las personas llamadas a participar en una consulta popular”.
¿Quiénes pueden promover consultas? Las institucionales las pueden promover el lehendakari o el Gobierno, el Parlamento (en pleno por mayoría simple), dos de las diputaciones forales por acuerdo del gobierno foral o del pleno de Juntas y un 10% de los municipios mediante acuerdo por mayoría absoluta de sus plenos y cuya población sumada debe ser como mínimo de 200.000 habitantes.
La propuesta, según ha explicado Arraiz, es la “respuesta” de EH Bildu al “frente de la negación de la imposición” con el que, según ha criticado, ha reaccionado el aparato del Estado a quienes reivindican las “realidades nacionales” de Cataluña y del País Vasco. “No obedecemos a lo que Madrid pueda pensar, mucho menos cuando su posición sea la de vulnerar los derechos democráticos que nos corresponden como pueblo”, ha asegurado. El parlamentario de EH Bildu ha destacado que la coalición está preparada para “asumir las consecuencias que tenga la confrontación democrática” con el resto de España.
