“Educación prefirió evitar la alarma por los abusos que proteger a los niños”

La abogada de la familia que destapó el presunto caso de abusos sexuales cometidos por un profesor contra cinco niños y niñas de Vitoria ha denunciado que el Gobierno vasco se ha mostrado “más interesado” en que este asunto “no saliera a relucir”, que en “proteger” a las víctimas. La letrada Ana Arrazola, representante de la familia de una de las menores que sufrieron los presuntos abusos, ha comparecido en el Parlamento vasco para exponer este caso, que está siendo investigado por un juzgado de Vitoria.Los hechos investigados se remontan a 2013, año en el que supuestamente este profesor habría cometido abuso sexuales contra cinco niños y niñas de menos de cuatro años de edad, que estaban escolarizados en distintos centros educativos en los trabajaba como docente. Al parecer, una de las niñas que pudo haber sufrido abusos volvió a coincidir posteriormente con el mismo profesor en otro centro educativo.

Junto a la abogada de la familia de esta niña, que ha estado acompañada por el padre de la menor, ha comparecido en el Parlamento el abogado de la asociación Clara Campoamor José Miguel Fernández, que se ha personado en la causa judicial como acusación popular. Las comparecencias de ambos se han celebrado a puerta cerrada, aunque posteriormente, los dos letrados han ofrecido una rueda de prensa.

Tanto Arrazola como Fernández han coincidido en denunciar que el Gobierno vasco no disponga de un protocolo específico para actuar contra estos casos y para prevenir los abusos sexuales en el ámbito escolar.

Arrazola ha destacado la “entereza” de la familia y su “satisfacción” por el “reconocimiento político” de lo ocurrido, algo que se ha logrado después de “llamar a muchas puertas”. Mientras, Fernández ha lamentado los “errores” que se han detectado en la actuación de las administraciones. No obstante, ha afirmado que la identificación de estos fallos no ha de utilizarse como “arma arrojadiza” entre el Gobierno y la oposición, sino como base para un “trabajo en común” que permita mejorar la situación.

El letrado ha destacado la necesidad de diferenciar entre el ámbito de la investigación judicial, destinada a esclarecer las presuntas responsabilidades penales, y el de la actuación política e institucional, en el que se han de adoptar decisiones para evitar que se repitan “errores”. Según ha indicado, las medidas que deben tomarse en este segundo ámbito no puede “esperar” a que concluya el procedimiento judicial