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Euskadi no aprecia un “avance global” en el Estado para retirar recursos contra leyes vascas

La reunión entre las delegaciones de los gobiernos central y vasco “ha servido para exponer los temas y clarificar los puntos en conflicto”, asegura el Ejecutivo de Vitoria

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El Gobierno vasco sostiene que no se ha producido un “avance global” en su demanda de que el Estado retire con carácter general los recursos de inconstitucionalidad contra varias leyes vascas. “Constatamos que queda mucho trabajo por delante y que muchas de las materias abordadas, además del trabajo técnico-jurídico, dependerán de la voluntad política real del Gobierno español para llegar a un acuerdo.

El Gobierno vasco reitera su compromiso con la defensa del autogobierno vasco y su  voluntad de llegar a un acuerdo que ponga fin a la permanente litigiosidad entre ambos gobiernos”, sostienen fuentes del gabinete de Iñigo Urkullu tras el encuentro de más de cinco horas entre letrados de ambos Ejecutivos con cuatro leyes vascas sobre la mesa, la Ley de Adicciones (que regula el consumo de cannabis, una droga ilegal), la Ley de Iniciativas Legislativas Populares (que concede derecho de participación a los extranjeros), la Ley de Víctimas de abusos policiales (que autoriza ayudas independientemente de la sentencia judicial) y la Ley Municipal (en lo relativo al uso exclusivo del euskara en las instituciones locales).

Este martes, en Madrid, se ha reunido la llamada “comisión bilateral de cooperación”. Se trata de un mecanismo de negociación ordinario previsto en la normativa de Tribunal Constitucional como fase previa antes de que una de las partes presente un recurso definitivo de inconstitucionalidad. La cita se ha barnizado de cierto carácter extraordinario en el nuevo clima de ‘deshielo’ entre PP y PNV, pero ha sido habitual incluso en la pasada legislatura en la que Euskadi denunció el “rabioso afán centralizador” del Gobierno de Mariano Rajoy. En total, según informó la pasada semana el portavoz vasco, Josu Erkoreka, hubo 15 reuniones. Y hubo también acuerdos, como el que sirvió para interpretar once artículos de la Ley de Acción Exterior del Estado y que Euskadi aceptó que no vulneraba su “autonomía” en política exterior.

El Gobierno vasco ha informado de que en este caso “la reunión ha servido para exponer los temas y clarificar los puntos en conflicto”. “Ha sido ‘sólo’ el primer encuentro bilateral de otros muchos contactos que tendrán que sucederse para la potencial llegada a un acuerdo”, han indicado fuentes del Ejecutivo de coalición del PNV y del PSE-EE. En el caso de algunas leyes ahora en el alero, el plazo de negociación marcado por la normativa constitucional, seis meses, obligaría a acelerar esas conversaciones ya a la vuelta de las vacaciones de Navidad o incluso “en los próximos días”

Sobre el desarrollo de la cita, en la que la delegación vasca ha estado comandada por el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre, el Gobierno autonómico ha explicado que “ha sido larga”, de unas cinco horas. “El objetivo de la reunión era profundizar en el contenido de los cuatro recursos y explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo en la interpretación de los artículos recurridos. Por eso, ambas delegaciones han quedado en elaborar ahora por escrito todas las propuestas habladas y cruzarse la documentación escrita a lo largo de los próximos días. Por tanto, sigue la negociación”, ha abundado el Ejecutivo.

Antes, a la mañana, en su tradicional rueda de prensa semanal, el portavoz Erkoreka ha incidido que el objetivo final sigue siendo que el Estado deponga su actitud de recurrir sistemáticamente normativas vascas. Euskadi tiene cuantificados en alrededor de la treintena los conflictos competenciales entre ambas instituciones. Además de recursos de inconstitucionalidad, hay recursos incluso contra las OPE de la Ertzaintza pese a que tiene pactada su plantilla en una comisión bilateral conformada por el Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad.

Ahora distintas voces hablan ya de ‘deshielo’. Con Soraya Sáez de Santamaría como nueva interlocutora con las comunidades autónomas y con la nueva situación de minoría del PP en las Cortes Generales, los contactos políticos a distintos niveles se han sucedido. De hecho, esta misma semana la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, se reunirá con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para desatascar otro asunto pendiente entre ambos Ejecutivos, las obras del AVE.

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