La Fiscalía de Álava dice que Educación “desechó” tomar medidas en el caso del profesor acusado de abusos

El fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, ha afirmado este miércoles que, ante la investigación abierta por los presuntos abusos a niños de tres y cinco años de Vitoria por parte de un profesor de Educación Infantil, “sugirió” a la delegada de Educación de Álava, Blanca Guerrero, la adopción de medidas que “respetaran los derechos del investigado”, pero que podrían suponer “un alivio para la situación de tensión que estaban viviendo los menores afectados y sus familias”, propuesta que fue “desechada” por parte del Gobierno vasco.

La Comisión de Educación ha recibido este miércoles la comparecencia del Fiscal y de la fiscal delegada de Menores de la Fiscalía provincial de Álava, Carmen Cotelo, que, a petición de PSE y UPyD, ha comparecido para dar a conocer el contenido de la reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 con los representantes de la Consejería de Educación a raíz de la investigación que desarrollaba la Fiscalía para determinar si un profesor sustituto del ciclo de Infantil podría haber abusado de varios niños de entre tres y cinco años en diferentes centros de enseñanza de Vitoria.

La delegada de Educación de Álava, Blanca Guerrero, afirmó el pasado 25 de noviembre en el Parlamento vasco que, en la citada reunión, el fiscal dijo que “no había caso” contra el profesor de Educación Infantil que está siendo investigado por presuntos abusos a escolares y aseguró que no se les informó que hubiera diligencias abiertas. Estas declaraciones ya fueron desmentidas por el propio Izagirre en un comunicado.

Izagirre ha explicado que acude al Parlamento vasco “con voluntad de transparencia y colaboración entre instituciones”, y espera que su comparecencia sirva para poner “punto y final” a una polémica en la que se ha visto “inmersa contra su voluntad” la Fiscalía de Álava y que “perjudica, sobre todo, a las víctimas menores de edad”.

Según ha explicado, tras tener conocimiento de los presuntos abusos, las denuncias y procedimientos abiertos al respecto tuvieron un “especial seguimiento”, por parte de la Fiscalía “desde el primer momento”, motivado por la naturaleza de los hechos denunciados, ya que “las presuntas víctimas son menores de muy escasa edad, lo que añade mayor complejidad a la investigación”. También por el hecho de que las presuntas agresiones se hubiesen cometido en el entorno escolar y por el respeto a la presunción de inocencia que a todos los ciudadanos asiste.

LA REUNIÓN

Respecto a la reunión mantenida con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, Izagirre ha explicado que se celebró “a iniciativa de la Fiscalía” con el objetivo de “establecer un cauce de colaboración” entre el ministerio público y la Consejería, “siempre guiados por la buena fe y con el fin de proteger, de la mejor manera posible, los intereses y derechos en juego”.

El Fiscal Jefe ha asegurado que, en el transcurso de la reunión, hablaron de las investigaciones en marcha, de la “preocupación” de la Fiscalía sobre las mismas y de las “repercusiones que pudieran tener sobre las víctimas y el investigado”.

“En este sentido, quiero dejar meridianamente claro que en ningún momento se refirió, ni por mi parte ni por parte de la fiscal delegada de Menores, que no hubiera caso”, ha subrayado.

Al respecto, ha señalado que el ministerio público “nunca comenta el resultado de las investigaciones fuera del cauce estrictamente procesal”. “La investigación estaba en curso en aquel momento, siguió adelante con posterioridad y, finalmente, derivó en una denuncia contra la personas investigada”, ha señalado.

ADOPTAR MEDIDAS

Izagirre también ha destacado que, en la reunión, la delegada de Educación en Álava no planteó “ni de manera directa ni indirecta” la “necesidad u oportunidad de tomar medidas cautelares contra el profesor investigado”, y que tampoco ellos sugirieron su adopción de las mismas porque la Fiscalía “carece de postestad” para hacerlo y porque, “del tono y contenido de la conversación, dedujimos que no había intención de adoptar medida alguna al respecto”.

“A pesar de ello, me permití sugerir que se podían adoptar otra serie de medidas menos traumáticas que, respetando los derechos del investigado, podrían suponer un alivio para la situación de tensión que se estaba viviendo en el ámbito educativo y, sobre todo, por parte de los menores afectados y sus familias. Esta sugerencia fue desechada por la delegada de Educación”, ha lamentado.

También ha asegurado que, en el encuentro, la delegada Blanca Guerrero tampoco solicitó que se comunicara a la Consejería el resultado de la investigación en marcha.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Según ha explicado Josu Izagirre, la Fiscalía provincial tuvo conocimiento en marzo de 2013 a través de la Policía local de Vitoria de la existencia de un supuesto caso de abusos sexuales sobre una menor por parte de un profesor en un centro educativo de la capital alavesa.

Los padres de la menor interpusieron una denuncian ante la Policía Local incoándose las diligencias previas del Juzgado de instrucción número 1 de Vitoria y, tras la correspondiente investigación, estas diligencias se cerraron en abril de 2013.

La asociación Clara Campoamor se dirigió a la Fiscalía en junio del año 2014 para poner en su conocimiento la presunta existencia de abusos sexuales sobre otros menores en centros escolares de Vitoria, motivo por el que se incoaron por el ministerio público nuevas diligencias de investigación.

Dada la naturaleza de los hechos objetivo de investigación, Izagirre ha explicado que se la encomendó a la Fiscal de Menores. En el curso de la investigación, se recabaron diversos informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria que habían atendido a varios menores afectados. Además, en el mes de septiembre, se dirigieron oficios a varios centros escolares dependientes de la Consejería de Educación que fueron respondidos ese mismo mes.

Por último, el 15 de junio de 2015 se interpuso denuncia por parte de la Fiscalía, dando lugar a las diligencias previas del Juzgado de instrucción 3 de vitoria que actualmente se encuentran en tramitación.

Tras la comparecencia de Izagirre, la parlamentaria del PSE-EE Isabel Celaá ha anunciado que volverá a pedir la comparecencia en sede parlamentaria de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y de la delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero.