Fiscalía: “Villadelprat acabó con Epsilon en su propio beneficio”
Ocho años de prisión. Esa es la petición de cárcel de la Fiscalía de Álava para el que fuera administrador único de Epsilon, Joan Villadelprat. La Fiscalía ha mantenido en la última sesión del juicio que se sigue contra Villadelprat su petición original. Según el Ministerio Público, el acusado “acabó con Epsilon” y convirtió este proyecto automovilístico en una “cáscara vacía” con la venta de su rama de competición. Junto a Villadelprat se ha juzgado al exdirector financiero de Epsilon, el británico Mark Payne por la venta en 2011 de la rama de competición a la escudería Epic Racing, creada por el segundo, después de que ambos fueran conocedores de la situación de insolvencia de Epsilon, un proyecto que aspiraba a competir en Fórmula Uno y que recibió casi 50 millones de euros en ayudas públicas.
Para la Fiscalía, ha quedado acrditado que con esa venta, que se produjo cuando ya se había presentado el preconcurso de acreedores, se transfirió la única rama que tenía actividad y que suponía el 80 % del activo patrimonial de Epsilon y su principal fuente de ingresos. Esta venta provocó la descapitalización de la empresa, lo que causó un perjuicio a los acreedores (Kutxa, Caja Vital, Gobierno vasco y Parque Tecnológico de Álava). Además, la venta de la rama de competición, que se fijó en 200.000 euros, se hizo por un precio inferior al establecido en un informe pericial, que valoró los activos vendidos en más de un millón de euros.
También ha recalcado que la venta no contó con el aval del Gobierno vasco, que en aquel momento dirigía el PSE. “Villadelprat abusó de su capacidad en perjuicio de sus acreedores y en beneficio propio y de terceros. Vaciaron Epsilon, abocaron al impago a los acreedores y todo se hizo con dolo”.
“He intentado hacer lo mejor con el mínimo daño posible”
Por su parte, el abogado defensor de Villadelprat ha sostenido que la venta de la rama de competición fue “muy beneficiosa” para Epsilon porque suponía mantener los puestos de 23 operarios, ahorros económicos (como el pago de los despidos) por alrededor de 800.000 euros, y que a ella no se opusieron los acreedores.
“Si al señor Villadelprat le dicen que no lo haga, no lo hubiera hecho”, ha resumido el letrado y ha lanzado la teoría de que se ha buscado “un chivo expiatorio” al fracasar este proyecto, debido también a la crisis. En su alegato de defensa final, el propio Villadelprat ha asegurado que intentó hacer “lo mejor con el mínimo daño posible”.
