Calparsoro quiere una investigación meteórica para fijar si Prieto incurrió en fraude
El fiscal superior de Euskadi, Juan Calparsoro, pretende no dilatar mucho las diligencias de investigación abiertas para determinar si el parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto pudo incurrir en los delitos de fraude o falsedad documental en las obras que la empresa Escoiba -en la que participaba el exlíder de los socialistas vascos- realizó en 2010 y 2011 para reforzar la seguridad en sedes del Partido Socialista en Álava ante la amenaza de ETA. Calparsoro señala que hará su trabajo “lo más rápido posible” para evitar mantener abierta la investigación más allá de lo razonable.
En sus pesquisas para empezar deberá cotejar con el Partido Socialista y en su caso con la empresa Escoiba, responsable de algunas de las obras efectuadas en las sedes socialistas alavesas, que la documentación aportada por el denunciante anónimo es real. “Hay que andar con más cautela porque el hecho de que la denuncia es anónima”, afirma con rotundidad Calparsoro, en declaraciones a eldiarionorte.es.
La investigación se ha abierto a partir de una denuncia anónima que fue remitida al fiscal jefe de la Audiencia de Álava, Josu Izagirre, con fecha del 23 de marzo, y que este trasladó posteriormente a Calparsoro para que fuera analizada por el fiscal superior vasco.
El escrito anónimo señala que el PSE alavés -cuyo líder era entonces Txarli Prieto y el secretario de Organización, Víctor García Hidalgo- habría contratado por más de 70.000 euros obras para mejorar la seguridad en las sedes de los socialistas de Ribabellosa, Labastida, Amurrio, Agurain y Llodio, entre los años 2010 y 2011. Entre las empresas a las que se adjudicaron esta obras se encuentra la empresa Escoiba en la que junto al exdirigente socialista estaba también su hermano, aunque no fue la única firma con la que contrató el PSE de Álava dichos trabajos. Los fondos provenían del Ministerio del Interior y eran finalistas, esto es, tenían que estar dedicados expresamente a la seguridad de las casas del pueblo.
Baja intensidad terrorista
La denuncia aporta fotocopias de talones de banco con los que supuestamente el partido habría abonado las cantidades provenientes de esos fondos públicos del Gobierno español. Junto a esa documentación, el denunciante indica su sospecha de que pudo haber sobrecostes e incluso el cobro por parte de Escoiba de obras finalmente no realizadas. Pero no aporta ninguna prueba de esas aseveraciones. Eso es lo que ahora pretende constatar Juan Calparsoro con la investigación. “Ante este material abrir diligencias de investigación es lo que hay que hacer, aunque se trate de una denuncia anónima. Precisamente por eso hay que andar con más cautela si cabe”, explica el fiscal superior.
Frente a esa acusación anónima, Prieto ha asegurado que las obras “se han hecho siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad” y que Escoiba “era la empresa de urgencia y de confianza a la que se acudía y que daba esa seguridad”. Fuentes de la dirección del PSE-EE confirman que en Gipuzkoa también se “tiraba de empresas de afiliados o cercanas porque muchas no se querían meter. Y, además, ¿a quién le vas a entregar las llaves de tu casa cuando haces una obra?”, argumentan las mismas fuentes.
Con todo, sorprende los años a los que se refiere la denuncia anónima -que varias fuentes vinculan al entorno del exdirigente Patxi Lazcoz- y su relación con la violencia terrorista de ETA. Las casas del pueblo de Álava han sido sin duda las menos castigadas por la actividad de ETA y de la violencia callejera. Nada comparable a la actuación de los comandos etarras y de la intensa kale borroka en Gipuzkoa, sobre todo en la década de los 90 y hasta 2009.
Los años en los que se realizaron las obras de las sedes alavesas que ahora investiga el fiscal superior (2010 y 2011) fueron además de muy baja intensidad terrorista, ya que la capacidad de ETA y de la 'kale borroka' era mínima comparada con los años de plomo. El último atentado mortal en España de ETA se produjo en Calvia el 30 de julio de 2009 y causó la muerte de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. Para entonces los ataques contra las sedes socialistas en Euskadi eran muy limitados. Y ETA precisamente anunció el cese definitivo de su actividad terrorista en octubre de 2011.
