La Fiscalía mantiene los seis años de cárcel para Jabyer Fernández
La Fiscalía ha mantenido la petición de seis años de prisión para el empresario vizcaíno Jabyer Fernández, procesado por no pagar a la Hacienda vizcaína casi 43 millones de euros en IVA. En la sesión que ha dejado visto para sentencia el juicio, el fiscal sostiene que Fernández vació de la empresa Iurbenor los ingresos obtenidos en la venta de unos terrenos de un Barakaldo, que iba a ser el mayor proyecto urbanístico de Euskadi, con 2.000 viviendas. La defensa, que pidió la libre absolución, ha argumentado que se utilizó el dinero para sanear el grupo y acusa a la Diputación de ejercer una “instrucción paralela” llevando a Fernández “a la ruina”.
En el fondo de este juicio está el enfrentamiento entre Fernandez y el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, tras el frustrado proyecto de la fábrica de pisos en serie promovida por el empresario. Una inversión de 60 millones de euros que iba a crear 1.100 empleos. Recibió un apoyo total de la Diputación, que firmó tres convenios que le aseguraban la compra de las 1.500 casas. Pero, tras las quejas de otros constructores, se fue desmarcando del proyecto.
Fernández, que ya veía naufragar su fábrica de pisos en serie, tuvo que vender el solar donde iba a acometer el proyecto de los 2.000 pisos en Barakaldo. La operación supuso un IVA de 43 millones que debía haber pagado a Hacienda pero solicitó un aplazamiento y el dinero lo empleó para sanear su grupo pero también comprar acciones de tres compañías. La Diputación denegó el aplazamiento fiscal –“le dejaron caer”, aseguran quienes conocen como funcionan las peticiones de aplazamientos de deudas- y socios de Fernández le denunciaron por el uso de los 43 millones, entre ellos el entonces presidente del Athletic, Fernando García Macua, quien había sido la mano derecha de Fernández,
En sus conclusiones, el fiscal ha asegurado que el acusado “activó una operación que descapitalizó la sociedad” y durante seis meses, en 2009, la salida de fondos (la venta le reportó casi 360 millones de euros) fue “continua”, ha relatado. Le acusa de un delito de alzamiento de bienes, con una pena de 6 años de cárcel. Mantiene también la pena de cuatro años de prisión a la otra procesada en el caso, su hermana Susana Fernández, como cooperador necesaria.
La Diputación de Bizkaia, que pide 10 años de cárcel al añadir el delito fiscal, ha defendido que en este caso ha habido “ocultación de hechos” y ha justificado la denegación del aplazamiento de la deuda del IVA, el origen del caso, porque no se aportaron “las garantías mínimas exigidas”. La acusación de ex socios del empresario ha afirmado que se produjeron “trasvases de dinero para ocultar su destino” y que hubo un “plan sistemático de descapitalización” de Iurbenor.
La defensa de Fernández ha sostenido que “no se ocultó absolutamente nada” y que la “presión mediática y política” ha logrado el “desplome” de un grupo empresarial que llegó a tener 3.000 empleados. Se ha mostrado especialmente crítica con la Diputación y ha resaltado que, al mantener su imputación de delito fiscal, debería haber acusado también a García Macua, “que era el asesor fiscal. Nos hace sospechar que hay algún pago de servicios prestados”. Macua fue quien presentó la denuncia contra Fernández que ha motivado el juicio.
Al término de la vista, el empresario ha comentado que se han “cebado” con su grupo empresarial y ha acusado a dirigentes del PNV de no permitirle “sacarlo adelante”. “He intentado con Iñigo Urkullu, con Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea, con José Luis Bilbao (todos ellos del PNV) y con todos los órganos de poder de este país sacar adelante este grupo en el que trabajaban 3.000 personas y no me lo han permitido”.
