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Fomento analizará la "realidad física" de las obras de la fallida planta de purines

La juez Patricia Navas encarga un análisis pericial para comprobar el grado de ejecución de unos trabajos sufragados en gran medida con subvenciones públicas

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Planta de tratamiento de purines

La juez de Balmaseda Patricia Navas, que desde hace unos meses lidera la investigación penal del fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, ha solicitado un informe pericial para “comprobar la realidad física” de las obras que se llevaron a cabo en la localizad vizcaína, nunca terminadas pero en las que se perdieron 10 millones de euros en subvenciones públicas. Se trata de analizar si los trabajos ejecutados se adecúan “a los acuerdos y contratos” presentados por la sociedad que lideró el proyecto, Karrantzako Minda, y que solicitó fondos públicos para abonar esas facturas a las empresas constructoras.

La prueba pericial, que será clave para conocer el alcance de las irregularidades que se investigan, ha sido encomendada a la Dirección General de Organización e Inspección, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. La juez, en la providencia que justifica este encargo, recuerda que el Estado fue uno de los principales benefactores del proyecto, subvenciones derivadas de los acuerdos políticos del PNV con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que también se concretaron en ayudas para otros proyectos empresariales fracasados e igualmente bajo la lupa judicial como Epsilon o Hiriko.

La investigación judicial en torno a las presuntas irregularidades en Karrantzako Minda la motivó una denuncia interpuesta por la coalición EH Bildu, que entre otros delitos aprecia malversación y apropiación indebida en los movimientos económicos derivados de la construcción de la planta de purines. Tras varios retrasos motivados por cuestiones de forma y de competencia, la juez Navas asumió la investigación y ya han pasado a declarar como imputados varios de los impulsores del proyecto. El principal responsable es Martín Ascacibar (PNV), exdirector en el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco y delegado “exclusivo” del Ejecutivo para el proyecto. Ascacíbar, nada más abandonar el cargo en 2009, pasó a ser representante de Karrantzako Minda. Además, desde 2007 a 2009 simultaneó su puesto con un cargo interno en Ade Biotec, la empresa a la que Karrantzako Minda encomendó las obras de la infraestructura.

En realidad, la causa ha puesto de manifiesto que las obras que ahora se van a verificar no sólo sobre el papel sino "físicamente" se subcontrataron en varias ocasiones, lo que ha podido facilitar el desvío de fondos públicos, según fuentes judiciales. Si Karrantzako Minda confío las obras a Ade Biotec por 10 millones de euros, ésta a su vez las subcontrató a una UTE formada por una firma catalana y otra neerlandesa por 9 millones de euros. Una de las claves es determinar qué ocurrió con ese millón que aparentemente se quedó en el camino, así como conocer por qué la UTE, nuevamente, derivó los trabajos a otra empresa, a la local Construcciones Eder.

La investigación penal avanza a buen ritmo en el juzgado de Balmaseda. Esta misma semana continúan prestando declaración en el juzgado los imputados, que rondan ya la veintena y que incluyen también al exalcalde del municipio, José Luis Portillo (PNV). El último en sumarse a la lista y cuyo testimonio se espera para el viernes es el alto cargo del Gobierno vasco actual Alejandro López Cárcamo. La Comisión de Ética del Ejecutivo ya ha establecido que los miembros de la Administración citados en causas penales no han de dimitir excepto si la imputación conlleva la celebración de juicio y ha reiterado esta ‘jurisprudencia’ en relación a este colaborador de la consejera Arantxa Tapia.

En paralelo, el procedimiento mercantil abierto tras la quiebra de Karrantzako Minda continúa vivo. En primera instancia, la juez Olga Ahedo determinó que el concurso de acreedores no fue “culpable” y eximió a Ascacibar y al resto de promotores de la sociedad de la devolución de las deudas de los acreedores, principalmente las distintas instituciones. El Estado y la administración concursal, sin embargo, mantienen las espadas en alto y han recurrido ante la Audiencia de Bizkaia la polémica sentencia. La Fiscalía, en cambio, ha virado su criterio y no sólo no ha recurrido el fallo sino que se ha opuesto a las apelaciones y ha defendido la absolución de las mismas personas a las que acusó en el juicio celebrado en otoño.

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