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Gobierno vasco cree que el TJUE "no pone en cuestión" la capacidad de las Diputaciones para fijar su propia fiscalidad

Apela a la "prudencia" porque las conclusiones de Luxemburgo "pueden ser objeto de reformulación"

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El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la petición de la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a las vacaciones fiscales vascas "no pone en cuestión" la capacidad de las Diputaciones para fijar su propia fiscalidad, sino "la pertinencia o no de una multa". Es un cuestión, por tanto, menor", ha manifestado.

Además, ha apelado a la "prudencia" porque las conclusiones de Luxemburgo "pueden ser objeto de reformulación" y no son todavía los argumentos de la sentencia que debe dictar el Tribunal de Luxemburgo.

El representante del Gabinete Urkullu ha realizado estas apreciaciones "de urgencia" después de que la abogada general del TJUE, Eleanor Sharpston, haya pedido este jueves que se imponga a España una multa de 50 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las vacaciones fiscales vascas aprobadas por las instituciones forales vascas (Diputación de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa).

Tras participar en la inauguración del Archivo Histórico en Bilbao, Erkoreka ha apelado a "la prudencia" porque las conclusiones de la abogada general "no constituyen todavía la sentencia del Tribunal de Luxemburgo".

Ha reconocido, no obstante, que este órgano jurisdiccional "con frecuencia incorpora en su totalidad las apreciaciones" que efectúa el abogado general.

Por ello, ha realizado "una primera apelación a la prudencia porque las conclusiones pueden ser objeto de reformulación" por parte del TJUE. Además, ha considerado que las instituciones "deben seguir empeñadas en defender la postura de las Diputaciones".

Además, ha querido "dejar constancia" de que el tribunal de Luxemburgo "en ningún momento ha puesto en cuestión la capacidad de las Diputaciones para definir una fiscalidad autónoma distinta a la del Estado en aquellos ámbitos en los que tiene capacidad normativa".

"No está en juego la capacidad de los territorios Históricos para fijar su propia fiscalidad, sino la pertinencia o no de una multa. Es un cuestión, por tanto, menor", ha manifestado.

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