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El Gobierno aprueba un régimen transitorio para dar seguridad a la naval

La portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría

eldiarionorte.es

El Gobierno ha aprobado hoy el establecimiento de un régimen transitorio con el objetivo de dar seguridad jurídica a los financiadores de la construcción naval ante la decisión de la Comisión Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales recibidas en el periodo 2007-2011.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta disposición tiene por objetivo “aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión” de Bruselas y que “será el Gobierno el que determine la compatibilidad”.

El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011.

Sin embargo, los financiadores no tienen que devolver la totalidad de los beneficios fiscales, sino solo aquellos que son incompatibles con la decisión de la Comisión.

“Esta norma permite dar seguridad jurídica y confianza a los financiadores de los astilleros para que continúen aportando los fondos en los proyectos que están en este momento en vigor”, ha subrayado.

El objetivo es evitar “la duda de que del contenido de la decisión (de la Comisión) debiera desprenderse la necesidad de resolver la compleja estructura existente y de rescindir los contratos en vigor”, cuando la obligación de devolver afecta solo a una parte.

Sáenz de Santamaría ha señalado que, mientras tanto, el Ministerio de “Hacienda sigue trabajando para determinar la metodología adecuada para la determinación de la parte que resulte incompatible” con la decisión de la Comisión y que el Gobierno trabaja en la elaboración de un recurso contra dicha resolución.

El anuncio ha sido muy bien recibido por parte desde el sector naval porque esta medida adoptada por el Gobierno “dota de mayor seguridad a las contrataciones que se encuentren en curso y puede dar más tranquilidad a los posibles inversores”, apuntan desde Pymar, la asociación de pequeños y medianos astilleros.

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