El Gobierno, dispuesto a “analizar” cambios en la Ley de Empleo Público tras la presión sindical

El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, se ha mostrado dispuesto a “analizar” la posibilidad de modificar algunos de los contenidos de la Ley de Empleo Publico Vasco -como la posibilidad de reducir sueldos y jornadas o establecer excedencias forzosas-, aunque ha precisado que, en todo caso, estas “medidas excepcionales” sólo se plantean para “situaciones excepcionales”. El anteproyecto ya recibió el rechazo generalizado de los sindicatos antes del encuentro, y tras la reunión, la posición sindical se mantiene en la negativa a aceptar el documento.

Zearreta ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación tras la reunión mantenida con los sindicatos, en el seno de la Mesa de la Función Pública, en la que ha explicado a los representantes de los trabajadores este anteproyecto de ley.

El viceconsejero ha asegurado “entender” las críticas que han vertido los sindicatos a este texto, unos reproches que se han centrado en aspectos del documento como los que abren la puerta a que, en determinados casos, el Gobierno reduzca jornadas y salarios a sus trabajadores, así como a la posibilidad de que se establezcan excedencias forzosas.

Zearreta ha reconocido que el anteproyecto plantea algunas “medidas excepcionales”, pero ha matizado que sólo serían aplicables en “situaciones excepcionales”. Como ejemplo de una circunstancia en la que se podrían implantar este tipo de medidas, ha señalado una eventual situación de grave crisis económica que obligara a una “reducción dramática” de los presupuestos públicos.

De todas formas, ha destacado que en los años que dura la actual crisis económica, el Gobierno vasco ha “mantenido” el empleo público. El viceconsejero, además, ha realizado una lectura “positiva” sobre la reunión con los sindicatos, dado que en la misma han estado presentes todas las partes. A partir de ahora, se mantendrán encuentros bilaterales para tratar de acercar posturas que permitan consensuar un texto definitivo.

Rechazo de los sindicatos

Los sindicatos ya adelantaron antes de la reunión prevista para este jueves su rechazo al anteproyecto de ley que prepara el Ejecutivo autónomo. Su postura tras el encuentro celebrado en Lakua no ha variado.

El sindicato ELA ha exigido la “inmediata” retirada del anteproyecto y la presentación de un borrador “radicalmente distinto” que apueste por una administración “propia, euskaldun, independiente, con control social y que responda directamente a las necesidades sociales de la ciudadanía”. En este sentido, ha llamado a los trabajadores a “reaccionar firmemente” ante esta iniciativa.

El sindicato ha denunciado que el borrador se ha elaborado, “de manera unilateral” por parte del Gobierno, sin “ningún contraste con la parte social”. En relación al ámbito competencial y la función publica propia, cree que en el texto hay “una renuncia expresa a articular un Marco Propio de Función Pública Vasca”.

Además, cree que el borrador se somete, “sin matices, a lo dictado en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. En este sentido, ha defendido un ”marco propio“ y no aceptará ”diseños impuestos que acarreen dejación de los niveles competenciales que requiere nuestra función pública“.

ELA ha indicado, a falta de un análisis más detenido, que el anteproyecto “recoge el espíritu de la reforma laboral para posibilitar EREs también para los funcionarios, que pueden abocar en reducciones de jornada, salario, movilidades, reestructuraciones o incluso reducciones de personal que no son aceptables”.

En este sentido, ha advertido de que “no va a aceptar modelos que comportan destrucción de empleo público vía amortizaciones, no cobertura de vacantes vegetativas, no cobertura de sustituciones, no estabilización de plantillas y vía privatización de servicios”. Todo ello, a su juicio, “redunda en detrimento del servicio público a la ciudadanía en términos de calidad y cantidad”.

Por su parte CCOO insiste en la necesidad de abordar una Ley de empleo público vasco, que desarrolle el estatuto básico del empleado público y que contribuya a la mejora de las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos y a lograr unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía. El sindicato considera que algunos contenidos suponen un “ataque inadmisible” a los derechos de las personas que prestan sus servicios en las Administraciones Públicas.

Se refiere a la posibilidad de reducir jornadas y salarios, que puedan declarar excedencias forzosas o transformar contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial. “Se trata de medidas sin precedentes” que a juicio de CCOO “va en contra del principio de inamovilidad, del derecho a la negociación colectiva y en detrimento de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Por eso exigimos su retirada inmediata”, añaden.

LAB ha reivindicado una Ley propia de Empleo Público que sea el resultado de “una reflexión y negociación de los diferentes agentes sindicales e institucionales” sin tener en cuenta los topes que impone la ley básica estatal del EBEP - Estatuto Básico del Empleado Público.-, así como “abrir totalmente las puertas al derecho de negociación”.