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Gobierno vasco critica la “intromisión” del Ejecutivo central en sus competencias agrarias
Entre los días 20 y 21 de enero se ha celebrado en Madrid la Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que se ha debatido la aplicación de la Reforma de la PAC 2014-2020 en el Estado Español.
Tras la aprobación de la PAC 2014-2020, la consejera Arantza Tapia ha manifestado su “malestar” con la forma de proceder del Ministerio de Agricultura, y ha denuncia que se aborden aspectos competenciales “que van más allá de la propia capacidad decisoria de la Conferencia Sectorial”.
Tapia ha exigido “el máximo respeto” al marco competencia vasco y el establecimiento de un modelo de aplicación de la reforma de la PAC en el Estado “que respete las competencias legislativas, ejecutivas y de gestión que tiene Euskadi, tanto en lo relativo a las ayudas directas como a las medidas de Desarrollo Rural”.
Entre los acuerdos adoptados destaca el reparto de Fondos FEADER entre las distintas comunidades autónomas para todo el periodo de programación 2014-2020. El volumen de fondos consignado a Euskadi asciende a 87,1 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la asignada durante el actual periodo 2007-2013 pero “lejos aún de las demandas reclamadas por el Gobierno vasco”, según ha indicado la consejera.
En el transcurso de la Conferencia Sectorial se han definido las condiciones a cumplir por parte de los perceptores de las ayudas directas y del mantenimiento de las superficies de cultivo. A juicio del Ejecutivo autonómico se ha “desaprovechado” la oportunidad de priorizar un mayor apoyo al sector profesional.
El Gobierno vasco considera que era el momento de “dar un vuelco a la situación, de afrontar con realismo la injusticia del sistema vigente y reformular definitivamente el modelo de asignación de las ayudas directas, y destinar las ayudas a las explotaciones más profesionales”
Además, considera escaso el volumen de fondos asignados a ayudas acopladas, en particular el destinado al sector del vacuno de leche y al de la remolacha. También ha mostrado su preocupación por el menor peso que representan las ayudas acopladas respecto al total de ayudas por el riesgo real de abandono de la actividad en determinadas orientaciones productivas.
