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Gobierno rechaza la modificación de la ley que regula la percepción de la RGI, propuesta por EH Bildu

El Consejo de Gobierno vasco ha mostrado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley formulada por el Grupo Parlamentario EH Bildu, de modificación de la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación para la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

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En Primer lugar, el Gobierno considera que el tiempo transcurrido desde la aprobación de esta Ley, noviembre de 2011, no es suficiente para hacer una evaluación de las medidas que fueron adoptadas con esta norma.

En segundo lugar, el grupo parlamentario proponente propugna la modificación del artículo 6 para cambiar el periodo de empadronamiento previo de tres a un año. El Gobierno vasco advierte de que este cambio supondría un incremento notable del presupuesto de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), debiendo detraer dinero de otras partidas presupuestarias.

En este sentido, el Gobierno cree que se han aprobado unos presupuestos "muy ajustados, posibles y realizables", que imposibilitan adoptar nuevos criterios en esta cuestión.

En tercer lugar, EH Bildu pretende la derogación del artículo 9, referente a la obligación que adquieren las personas que reciben RGI a ser requeridas para realizar trabajos en beneficio de la Comunidad.

En este sentido, el Gobierno vasco recuerda que el pasado mes de noviembre el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, presentó un estudio que planteaba algunos cursos de acción que, de momento, no han sido desarrollados en su totalidad. Por eso, el Gobierno cree que no es correcto derogar el artículo, sin haberse finalizado el desarrollo de estos pasos a seguir.

Finalmente, el Gobierno recuerda que el Sistema de Protección, que provee la RGI, "no tiene parangón en el Estado y que la sociedad vasca está realizando un gran esfuerzo para lograr la cohesión social que posibilita la RGI".

Por todo ello, el Gobierno vasco entiende que no es momento de modificar la Ley, pero reconoce que la realidad cambiante de la sociedad puede aconsejar su modificación cuando los grupos parlamentarios de la Cámara así lo consideren.

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