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El Gobierno aguanta la protesta en Lanbide y se niega a dar marcha atrás

El portavoz Erkoreka, antes de someterse a las preguntas tras el Consejo de Gobierno.

Aitor Guenaga

El enfrentamiento entre los sindicatos y el Ejecutivo vasco ante la “grave” situación que se arrastra en Lanbide desde meses tiene visos de enquistarse. El Gobierno aprobó en diciembre la primera fase de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin lograr el acuerdo de las centrales y está persuadido de que es necesario aprobar la segunda fase en los próximos meses. Y la voluntad es de hacerlo con acuerdo o sin acuerdo con la parte social.

Se lo dijeron los trabajadores al Gobierno en la huelga. “Tome en consideración a los trabajadores, señor Toña, usted que tiene fama de haber primado los intereses de los trabajadores. Retire el decreto de la RPT y  la resolución de adscripción de puesto de trabajo”. Pero parece que la exigencia no va a tener recorrido.

Por de pronto, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, un día después de la huelga convocada por los cuatro sindicatos de referencia en Lanbide (ELA, UGT, LAB y CC OO), ha mostrado su voluntad de seguir adelante con la reordenación de los puestos de trabajo en el Servicio Vasco de Empleo para, posteriormente, aprobar la segunda fase de la RPT hasta llegar a los 918 puestos de trabajo que tendrá Lanbide cuando finalice el proceso. Y ha dejado claro que no va a retirar la RPT.

Argumenta Erkoreka que retrasar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) afectaría al “buen funcionamiento de Lanbide”. Y ha mandado un aviso a los sindicatos: Aunque se muestra abierto a hablar con ellos, también ha subraya que “la negociación no se puede demorar sin límites en el tiempo”. “Retrasarla sería demorar un proceso que el Parlamento está exigiendo que se acelere”, ha insistido el portavoz gubernamental.

Trabajadores “humillados”

Los sindicatos han exigido la paralización de la RPT y una negociación “de verdad” de las condiciones laborales y de los puestos de trabajo en Lanbide. La reordenación diseñada por el Ejecutivo -dirigida por Empleo y acomodada por Función Pública a la normativa vigente, según Erkoreka, que ha negado peloteo alguno entre ambos departamentos con esta patata caliente en el Ejecutivo- afecta a los niveles salariales de los trabajadores (algunos pierden poder adquisitivo) y a los puestos en sí (mas de un centenar perderían su puesto), según han denunciado las centrales sindicales.

“Los trabajadores tienen la sensación de que están siendo humillados, menospreciados e infravalorados en este proceso y el rescoldo que va a dejar va a durar años.  Van a acabar prescindiendo de un montón de gente, directamente a unos los echan a la calle, a otros les han amenazado con hacer una Oferta Pública de Empleo y a otros los va a recolocar de sitio. En breve se van a encontrar con mucha gente nueva al frente del servicio que no va a capaz de realizar sus tareas, vamos a volver al caos del 2011. Si no tiene la inteligencia política de acordar con los trabajadores, vamos al desastre absoluto”, ha insistido Ramón Uriarte, de ELA, sindicato mayoritario en Lanbide.

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