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El Gobierno vasco defiende ahora la moratoria sobre el 'fracking'

El portavoz Josu Erkoreka "comparte" la propuesta presentada por el PNV en el Parlamento, que incluye una moratoria de cinco años en exploraciones o explotaciones gasísticas en Euskadi, pero advierte de los "límites legales".

Mientras tanto, el Ejecutivo "seguira con los estudios medioambientales" que ya están en marcha porque considera que es positivo conocer las implicaciones que esta técnica de extracción de gas no convencional puede tener.

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El portavoz Josu Erkoreka y la consejera de Educación, Cristina Uriarte.

El Gobierno vasco respalda el establecimiento de una moratoria de cinco años, tal y como defiende el PNV en el Parlamento, para las exploraciones o explotaciones de gas no convencional, conocido como 'fracking', en pleno debate en la Cámara tras la presentación de 104.000 firmas de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El PNV ha propuesto establecer una moratoria de cinco años para la utilización del 'fracking' en Euskadi con el fin de que una comisión científica disponga del tiempo suficiente para analizar los riesgos medioambientales de esta técnica.

La propuesta del grupo 'jeltzale' forma parte de  las enmiendas registradas el pasado lunes por esta formación a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que las plataformas que están en contra de esta técnica de extraccióin de gas no convencional reclaman su prohibición.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado tras la reunión del Consejo de Gobierno que "el Gobierno conocía esa propuesta presentada por el PNV y la comparte" y "está de acuerdo". Aunque Erkoreka también ha advertido de los "límites legales" que sobre esta cuestión existen y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

En su propuesta, el PNV recuerda las recientes sentencias del Alto Tribunal, que ha decretado la inconstitucionalidad de una ley cántabra que prohibía la fracturación hidráulica o 'fracking' en esa comunidad autónoma limítrofe con Euskadi. El Constitucional argumenta en su resolución que la competencia sobre la regulación del sector energético corresponde al Estado.

Comisión científica

"El Gobierno, los partidos, los proponentes de la ILP y el Parlamento, todos conocemos esas limitaciones", ha explicado el portavoz gubernamental. En cualquier caso, el Gobierno ha decidido ponerse de perfil y  dejar que trabaje el Parlamento vasco. "El Gobierno cumplirá a rajatabla lo que decida el Parlamento", ha asegurado Erkoreka. De hecho, cuando se presentó la ILP, con un apoyo tan importante de firmas, el Ejecutivo optó el 18 de noviembre pasado mostrar su criterio favorable a la tramitación de la iniciatiativa legislativa. El PNV ha estado ganando tiempo durante todos estos meses en la Cámara y solo ahora, en plena campaña electoral, ha optado por desvelar sus cartas y apostar por una moratoria que tiene difícil encaje con la legalidad, salvo que medie un acuerdo con el Ejecutivo central.

Y mientras tanto, ¿qué tiene previsto hacer el Ejecutivo autonómico?. La respuesta de Erkoreka ha sido clara: el Ejecutivo "seguira con los estudios medioambientales" que ya están en marcha porque considera que es positivo conocer las implicaciones que esta técnica de extracción de gas no convencional.

En las enmiendas presentadas por el PNV, se plantea que una comisión "eminentemente científica" investigue y evalúe la técnica de la fracturación hidráulica, con el fin de determinar los "riesgos ambientales" que implica su uso. Los resultados de esa investigación, a juicio del PNV, deberían remitirse al Parlamento vasco.

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