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Goirizelaia excluirá al Gobierno vasco del juicio de Cabacas

La abogada Jone Goirizelaia, en el caso en el que acusó de torturas a la Guardia Civil

Iker Rioja Andueza

La decisión de la Audiencia de Bizkaia de juzgar a todos los ertzainas que estaban imputados por homicidio imprudente en el sumario del 'caso Cabacas', incluidos los tres agentes que habían quedado apartados del proceso al finalizar la instrucción ya que la juez Ana Torres interpretó que aunque hubieran disparado no había pruebas materiales de que sus pelotazos hubieran causado la muerte al joven Íñigo Cabacas, ha levantado una auténtica polvareda, la enésima en torno a estos hechos ocurridos en una carga policial con bolas de goma de abril de 2012.

Por un lado, la familia de la víctima, representada por la letrada y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, ha manifestado su satisfacción por este giro y asegura que si una causa tan complicada llega a una condena será por su trabajo “a golpe de recursos” frente a la juez Torres, a la Fiscalía y al Departamento de Seguridad. Por otro, los sindicatos de la Ertzaintza han calificado este juicio de “despropósito” cuando la muerte de Cabacas fue un “accidente” y los agentes actuaron siguiendo órdenes de mandos que ni siquiera han sido investigados.

En el medio, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, prefiere ser cauta y ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto y sobre qué posición adoptará el Gobierno en el juicio, aunque Goirizelaia pretende dejar al Ejecutivo fuera del procedimiento con un resquicio legal que ya empleó con éxito en un juicio reciente. La abogada ya excluyó a la beligerante abogada del Estado Macarena Olona de un proceso en el que se acusaba de torturas a agentes de la Guardia Civil al no reclamar en el mismo procedimiento una indemnización económica.

Goirizelaia da por sentado que el Ejecutivo, como la Fiscalía, será en el juicio un abogado defensor más de los imputados, acusados de “homicidio imprudente”. Recuerda, de hecho, que durante todo el procedimiento “el ministerio público no ha pedido ni una sola prueba” y que la colaboración de Seguridad tampoco ha sido máxima.

¿Será factible lograr una condena con la sola acusación de la familia? “No será ni la primera ni la última vez que vamos solos a un procedimiento”, responde la abogada, que entiende que hay bases sólidas para una condena. De hecho, ya planteó cuatro años de prisión para los tres mandos intermedios procesados y ahora deberá calificar la responsabilidad penal que aprecia en los tres escopeteros.

Fue el pasado viernes cuando las partes personadas en el procedimiento recibieron los tres autos de la Audiencia Provincial con la respuesta a los distintos recursos de apelación de las partes ante el dictamen de la juez Torres, quien en marzo cerró la causa enviando a juicio a tres mandos intermedios que ordenaron disparar porque apreció que la actuación policial fue desproporcionada para una 'ratonera' como era el callejón de María Díaz de Haro. La magistrada, en cambio, dio carta de naturaleza a algo que ya se conocía desde el principio de la instrucción, que era imposible conocer al autor material del disparo letal, por lo que exculpó a los tres escopeteros imputados ya que, además, no fueron los únicos en disparar en aquella carga. Esta resolución judicial que da un giro a un caso ya de por sí polémico no ha sido facilitada a los medios de comunicación.

En todo caso, es ya público que Goirizelaia planteó con éxito que la imputación se mantuviera a todos los investigados. Por otro lado, la Fiscalía ha fracasado en su petición de exoneración de todos los agentes, incluidos los mandos intermedios. Argumentó que si no se conoce al autor concreto del disparo tampoco se puede probar que la orden de los mandos señalados, un oficial y dos suboficiales, provocara indirectamente la muerte de Cabacas.

La consejera Beltrán de Heredia, a preguntas de los periodistas, ha preferido quedarse de perfil en este debate. Ni defensa cerrada de los imputados ni todo lo contrario. “Respeto más absoluto a las decisiones judiciales”, ha reiterado la titular de Seguridad ante las sucesivas preguntas, que ha añadido que el Gobierno siempre ha “colaborado” con la investigación en pos de la “verdad”.

Quien sí ha vuelto a defender a los imputados ha sido el sindicato Erne. Su secretario general, Roberto Seijo, ha recalcado en la Cadena Ser que “hay unas víctimas que son los ertzainas” por la duración del procedimiento y por la “instrumentalización política absoluta contra la Ertzaintza” de este caso, en una velada referencia a la doble condición de Goirizelaia de letrada y de dirigente de la izquierda abertzale.

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